Santo Domingo.- La vinculación del narcotráfico con la política en República Dominicana ha vuelto a ser tema de debate. Esto ocurre especialmente tras el arresto de Enriquillo Luis Brito, director del Distrito Municipal de Valla Ibe, involucrado en el caso Panthera 7. Esta situación pone de manifiesto una realidad alarmante: políticos, tanto locales como nacionales, han sido implicados en redes de narcotráfico y lavado de activos en los últimos años.
Según las autoridades, la organización encabezada por Brito formaba parte de una red criminal internacional con conexiones en Suramérica, Europa y el Caribe.
El narcotráfico no es un fenómeno aislado, sino que tiene ramificaciones que afectan la estructura del Estado. El sociólogo Cándido Mercedes sostiene que, más allá del tráfico de drogas, lo que más preocupa es el «narcolavado». Este involucra el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas, afectando a la política y debilitando la confianza pública.
Un informe de Latinoamérica coloca a los partidos políticos como las instituciones menos confiables, con apenas un 17% de apoyo. Esto refleja el daño causado por los escándalos asociados con el narcotráfico.
Medidas tomadas por los partidos
Los partidos políticos, especialmente los más grandes, han adoptado ciertas medidas para prevenir la infiltración de estas redes. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) implementa filtros como la verificación de antecedentes penales y pruebas antidoping para sus candidatos. Sin embargo, el caso de Brito demuestra que estas medidas no son infalibles. Incluso el TAMI (instrumento de evaluación) no pudo detectar su presunta implicación en actividades ilícitas.
Otros casos, como el del exdiputado Miguel Gutiérrez, apresado en 2021 por tráfico de drogas, también evidencian la necesidad de reforzar los controles internos de los partidos.
Por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asegura que mantiene estrictos mecanismos de filtrado para evitar que personas vinculadas a actividades ilícitas accedan a sus candidaturas. Sin embargo, la historia ha demostrado que incluso con estos filtros, algunos personajes con vínculos al narcotráfico han logrado colarse en sus filas. Un ejemplo es Águeda Balbuena, quien fue extraditada en 2021 por cargos relacionados con el narcotráfico.
¿Cómo están enfrentando los partidos políticos el flagelo del narcotráfico?
Antonio Florian, secretario general de la Fuerza del Pueblo, subraya la importancia de una ética política clara que prohíba la entrada de personajes ligados al crimen organizado. Este partido ha implementado mecanismos como la verificación de antecedentes y supervisión patrimonial para garantizar que sus candidatos sean idóneos.
No obstante, Florian y otros expertos coinciden en que el sistema de partidos enfrenta una amenaza seria y constante. Esta amenaza es exacerbada por los altos costos de la política.
Falta de mecanismos legales
Los partidos no solo deben implementar medidas internas más estrictas, sino también promover reformas legales. Esto les permitirá bloquear de manera efectiva la infiltración del narcotráfico. La Ley de partidos políticos y la Ley electoral, hasta ahora, carecen de las herramientas necesarias para evitar que personajes ligados al crimen organizado lleguen al poder.
El narcotráfico no solo está afectando a las instituciones políticas. También está debilitando la estructura del Estado. Por eso, es necesario que la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación y las iglesias jueguen un papel activo en la vigilancia y denuncia de estos casos. Si los partidos no toman medidas efectivas para frenar esta infiltración, el daño a la democracia será irreversible.
Ante esta situación, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Están los partidos políticos realmente comprometidos en la lucha contra el narcotráfico dentro de sus estructuras? Y más importante aún, ¿Serán capaces de frenar la creciente penetración del crimen organizado en el poder político?