El Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata impuso el pago de una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país contra tres personas acusadas de estafa, uso de documentos falsos y asociación de malhechores en perjuicio de inversionistas del proyecto habitacional «Paraíso Dorado».
La medida de coerción pesa en contra de Jesús Aldea Abián, ciudadano de nacionalidad española; su esposa, Griselda Antonia Calderón Taveras, y el abogado Pedro Pablo Pérez, quienes son investigados por su supuesta participación en un esquema fraudulento relacionado con el desvío de fondos del referido proyecto.
La jueza Rosalba Francisco Parra acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Massiel Peña, tras considerar suficientes los elementos presentados durante la audiencia preliminar, entre ellos un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que confirmó la falsificación de la firma de Dámaso Medrano Reyes, querellante en el cas
De acuerdo con el expediente, los acusados utilizaron un poder falsificado, supuestamente legalizado por el notario Rodolfo Morales Almonte, para desviar dinero hacia dos compañías: Guztrade SRL y Condular SRL, creadas junto a los imputados. A pesar de los fondos recibidos, la obra nunca fue ejecutada.