La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció este lunes que, a partir de octubre, la Fuerza de Tarea Conjunta iniciará un plan de acción para retirar de circulación armas en manos de civiles que incumplen la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, especialmente en provincias y demarcaciones donde estos artefactos son protagonistas de homicidios y conflictos sociales.
“Estas armas tienen que ser sacadas de nuestras calles y llevadas al Ministerio de Interior y Policía, donde tienen que ser objeto de una fiscalización para tratar de ver la trazabilidad de las mismas y el origen de las mismas”, señaló Raful al concluir la reunión número 109 de seguimiento de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.
La funcionaria explicó que la estrategia incluirá un periodo de gracia especial entre octubre y diciembre, dirigido a ciudadanos que mantienen sus licencias de armas vencidas. “Esto va a ir de la mano, también con una gracia que está haciendo el Ministerio de Interior y Policía, para que aquellas personas que tienen mucho tiempo sin legalizar sus armas, puedan acudir con una gracia de un descenso de la carga que tienen que aplicarse, de pagar para poder tener sus licencias al día”, detal
Raful precisó que la operación se centrará en las zonas con mayor incidencia de homicidios y conflictos sociales: “En octubre la Policía Nacional, conjuntamente con toda esta Fuerza de Tarea, estará en el territorio priorizando en las provincias y las demarcaciones donde tenemos más homicidios o más conflictos sociales, donde las armas son las protagonistas”.
Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han recuperado 5,700 armas de fuego, de las cuales 3,958 eran ilegales, 364 contaban con licencias vencidas y 1,228 estaban vinculadas a investigaciones judiciales. La tasa de homicidios acumulada hasta el 26 de septiembre se mantiene en 8.1 por cada 100 mil habitantes, con algunas demarcaciones, como Dajabón y Azua, registrando niveles de riesgo elevados.
Raful también recordó que el nuevo Código Penal contempla la creación de un registro de agresores sexuales, bajo responsabilidad del Ministerio Público, que será presentado próximamente en el marco de los trabajos de la Fuerza de Tarea.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, la regulación de armas y la reducción de la violencia en las comunidades más afectadas.