La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana ordenó a la vicealcaldesa y 13 regidores devolver dos millones 310 mil pesos que se cobraron por concepto de un aumento salarial ilegal que se hicieron desde el mes de enero hasta noviembre.
Los ediles propiciaron a su favor un aumento de 15 mil pesos, cada uno, que se aseguraron en cobrar desde el mismo mes de enero y que el tribunal puso fin en noviembre,11 meses.
Mediante la sentencia 0195-2025-SCIV-00647, emitida por la magistrada Karuchy Sotero Cabral, declaró nulo el aumento de RD$15,000.00 que se auto-otorgaron los trece (13) regidores y la vicealcaldesa Nelly Bonilla Arias.
Esto implica que cada regidor y la vicealcaldesa acumulan un cobro165 mil pesos por encima del salario base, que tendrán que devolver a las arcas del ayuntamiento.
La nulidad se basa en la violación directa del artículo 140 de la Constitución, que prohíbe el incremento de remuneraciones a los funcionarios durante el mismo período para el cual fueron electos.
El tribunal ordenó al alcalde, Eduardo Kery Metivier, iniciar la retención del monto cobrado ilegalmente por cada edil y la vicealcaldesa inmediatamente le sea notificada la decisión. El recurso contencioso administrativo municipal fue interpuesto por el abogado Wanchy Medina, quien con los togados Pedro Hidalgo y Máximo Alburquerque emprendieron la acción en nulidad. Esta acción ha sido catalogada como una victoria de la legalidad y la fiscalización ciudadana.
SENTENCIA HISTÓRICA
Los abogados actuantes reaccionaron a la decisión del tribunal como histórica:
“Es una sentencia histórica, la cual le pone obstáculos al uso indebido de los fondos públicos, demostrando que la Constitución está por encima de cualquier acuerdo de aposento. Esta sentencia es un recordatorio claro de que el artículo 140, no es una simple recomendación, sino una prohibición explícita contra el uso del poder en beneficio propio.”
Asimismo, destacaron que la sentencia evita un perjuicio económico mucho mayor, pues al anular el aumento, se prevé un ahorro de RD$10,080,000.00 para el Ayuntamiento a lo largo de los cuatro años de gestión (48 salarios), demostrando la importancia de detener los actos ilegales desde su inicio.
Los togados exhortaron a las autoridades municipales, a dar cumplimiento inmediato y riguroso a la sentencia. Advirtieron que cualquier resistencia o dilación en la ejecución de la orden judicial, que exige la retención de los fondos, podría acarrear responsabilidades penales, suspensión de sus funciones, y hasta juicio político que acarrearía destitución ya que se configura el delito de prevaricación y uso indebido de fondos públicos.
“El incumplimiento de una sentencia que ordena la restitución de fondos públicos puede configurar el delito de prevaricación y uso indebido de fondos públicos. El dinero debe ser reintegrado sin excusas ni retrasos, en defensa de los intereses de los ciudadanos de La Romana,” señalaron los abogados.
La jueza, aplicando el principio de razonabilidad, ordenó un mecanismo de restitución estricto. La Tesorería Municipal de La Romana ha sido intimada a iniciar de forma obligatoria e inmediata, con el descuento (estilo san mensual) de salario de diciembre de 2025, el descuento de los salarios ilegalmente cobrados.
El reintegro se efectuará en once (11) cuotas mensuales y sucesivas de RD$15,000.00 a cada edil y a la vicealcaldesa, hasta completar los RD$165,000.00 que cada uno percibió ilegalmente. El Total global a recuperar por el Ayuntamiento asciende a RD$2,310,000.00.
La sentencia 0195-2025-SCIV-00647 ha individualizado la responsabilidad del cobro ilegal de fondos. La obligación de reintegrar los RD$2.3 millones recae exclusivamente sobre los catorce (14) funcionarios que se beneficiaron del aumento, un grupo encabezado por la vicealcaldesa, Nelly Sobeida Bonilla Arias, y completado por la totalidad de los miembros del Concejo Municipal, señores Orfelina Valdez Díaz, Osvaldo Cruz Báez, Esperanza Concepción Guzmán, Michael Ferreyra Berroa, Víctor Gabriel Mercedes, Juan Carlos Mora Peguero, Trina Miralba Angomás, Federico Antonio H. Guerrero Benítez, Sonia Miguelina Mota, Alfonso Jáquez Palacio, Ulises Aquino Franco, Cruz Johanna Batista Solimán y Oliva Tejada Montilla.
Cabe destacar, que el alcalde, Eduardo Kery Metivier, fue excluido de la obligación de devolución al comprobarse que no aceptó ni cobró el aumento salarial. Por lo tanto, su posición es, por disposición del tribunal, estrictamente administrativa, debiendo garantizar la ejecución forzosa de las retenciones salariales para la restitución del dinero a los fondos municipales.
Los abogados gananciosos informaron que, con similares objetivos de declarar la inconstitucionalidad de los auto-aumentos salariales, se están llevando a cabo recursos contenciosos administrativos contra el Ayuntamiento Santo Domingo Norte, el Ayuntamiento San Juan de la Maguana, y la Junta Distrital de Verón. Adicionalmente, se han interpuesto acciones legales por excesos en los cobros que exceden lo permitido por la ley salarial contra los ayuntamientos de Higüey, San Pedro de Macorís y El Seibo. Esta cadena de recursos subraya la urgencia de que la clase política municipal ajuste sus remuneraciones y beneficios a los límites que impone la Constitución y la ley dominicana.