La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en el caso Cobra SENASA coloca en el centro de la acusación una frase que, según las investigaciones, se convirtió en la justificación directa para aprobar contratos irregulares dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA): “aportó en la campaña”.
De acuerdo con los elementos probatorios recolectados, los funcionarios imputados actuaban como un bloque articulado, sometidos a las órdenes directas de Santiago Marcelo Hazim Albainy, entonces director ejecutivo de la institución. La acusación establece que se aprobaban contratos a prestadores que no cumplían con los requisitos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por su vinculación política, relaciones de amistad o aportes económicos a campañas electorales.
Estas prácticas fueron confirmadas por la analista de contrataciones Nidia Esmeralda Valdez, quien declaró ante las autoridades que el imputado justificaba las aprobaciones con expresiones como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, evidenciando que los vínculos políticos pesaban más que los criterios técnicos y legales.
Según el expediente, además de los favores políticos, también se aprobaban prestadores que pagaban sobornos para ser incluidos en la red de servicios de SENASA, dando forma a un esquema ilícito sostenido y operado desde la cúpula directiva.
Listas “respaldadas” y órdenes inapelables
Para garantizar el control total de las aprobaciones, la solicitud de coerción establece que Hazim Albainy se apoyaba en sus asistentes más cercanas, Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes, incluso en su ausencia, llegaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados.
De acuerdo con el documento, estas asistentes utilizaban expresiones como “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado”, frases que funcionaban como órdenes inapelables dentro de la estructura interna, sin espacio para cuestionamientos técnicos ni revisión de requisitos.
El Ministerio Público sostiene que este mecanismo de aprobación basado en aportes políticos, favores personales y sobornos permitió la imposición de contratos irregulares, en violación de las normas que rigen el sistema público de salud.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente conocerá en las próximas horas la solicitud de medidas de coerción contra los imputados del caso Cobra SENASA, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total del entramado.