Santo Domingo.– El presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha reabierto el debate público sobre los controles del sistema financiero y la ruta que siguen los grandes flujos de dinero en efectivo.
En medio de cuestionamientos sobre cómo pueden salir «miles de millones» de pesos de un banco sin encender alarmas, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y el economista Juan Ariel Jiménez explican, desde sus respectivos ámbitos, cómo opera el engranaje legal y técnico de prevención del lavado de activos en el país.
Durante una consulta de Noticias SIN, se planteó a la ABA si, ante los movimientos de dinero atribuidos al caso Senasa, se produjo algún tipo de alerta dentro de los bancos.
La respuesta de la institución fue enfática: la banca múltiple opera como primera línea de defensa bajo un marco normativo estricto y con mecanismos diseñados precisamente para detectar comportamientos inusuales.
La banca como «sujeto obligado»
La ABA recordó que las entidades financieras son sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Su rol —subrayan— es técnico, preventivo y colaborativo, orientado a proteger la integridad del sistema financiero y evitar que sea utilizado para legitimar recursos ilícitos o canalizar fondos hacia actividades criminales.
Para ello, los bancos cuentan con programas robustos de cumplimiento que integran políticas, procedimientos, herramientas tecnológicas y supervisión interna, sustentados en el principio de debida diligencia. Este enfoque implica: conocer al cliente, identificar al beneficiario final y comprender la naturaleza de sus actividades económicas y analizar el origen de los fondos.
No se trata, aclaran, de una verificación meramente documental, sino de un proceso dinámico y proporcional al nivel de riesgo.
Cuando los sistemas detectan comportamientos inusuales, se generan alertas que activan análisis especializados.
La ABA asegura que estas alertas no son evidencia de delito, sino mecanismos para profundizar la revisión del expediente, solicitar información adicional y evaluar la coherencia de la operación.
«Si tras este análisis persisten indicios suficientes de posible vinculación con actividades ilícitas, la entidad tiene la obligación legal de emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Este reporte es una notificación técnica, sujeta a estricta confidencialidad, para proteger la integridad de las investigaciones y la presunción de inocencia», destaca.
¿Qué ocurre después?
La ABA explica a Noticias SIN que la UAF analiza los reportes con una visión integral del sistema, al contar con información proveniente de todos los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros. Este organismo realiza inteligencia financiera y elabora informes que pueden servir de base para investigaciones penales.
Los ROS no tienen carácter sancionador ni pueden ser utilizados como medio de prueba, solo sirven para que la UAF, tras recibirlos de los sujetos obligados, realice informes de inteligencia que son enviados al Ministerio Público para que este, a su vez, pueda determinar si procede o no iniciar una investigación penal.
Reporte de Operación Sospechosa
Las cifras respaldan el peso de la banca en este esquema. Según el Informe Estadístico 2024 de la UAF, el año pasado se registraron 4,231 ROS a nivel nacional; de ellos, 2,711 fueron emitidos por bancos múltiples, equivalentes a aproximadamente el 64% del total. Este volumen consolida a la banca como actor clave en la detección temprana de señales de riesgo.
Además, destaca que las entidades financieras invierten más de RD$1,500 millones anuales en prevención del lavado de activos, con monitoreo continuo del comportamiento financiero de sus clientes para identificar desviaciones relevantes respecto a su perfil económico declarado.
El gremio precisa que la banca múltiple opera bajo un marco normativo estricto y con controles diseñados para detectar y reportar operaciones sospechosas, contribuyendo de manera decisiva a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
«La ausencia de información pública sobre estos procesos no significa inacción, sino que responde al carácter reservado que garantiza la efectividad de las investigaciones«, subraya la ABA.
La mirada del economista
Para el economista Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y profesor en la Universidad de Harvard, el análisis del caso Senasa requiere cautela y rigor técnico.
«Hay que ver cómo fue estructurada la operación: qué tanto fue manejo de efectivo, qué tanto se manejó dentro del sistema financiero, qué tanto ese efectivo no entró o sí entró al sistema, y qué parte fue a parar a la compra de bienes reales como terrenos, artículos de lujo o vehículos», explica.
Jiménez advierte que no se puede especular sin conocer la ruta completa del dinero y recalca que la UAF es la entidad facultada por la Ley 155-17 para investigar patrones de transacciones sospechosas y remitir los informes correspondientes al Ministerio Público. Ese proceso, aclara, es institucional, reservado y no se ventila en la prensa ni se envía a otros organismos.
En ese contexto, el economista precisa un punto clave: no es rol de la Superintendencia de Bancos investigar transacciones específicas o posibles casos. Su función es regular y supervisar a la banca en materia de estrategias de prevención, enfoque basado en riesgo y cumplimiento de los mecanismos establecidos por la ley.
«La Superintendencia de Bancos no entra, no investiga las transacciones y los posibles casos. De hecho, no puede hacerlo, no está facultada por ley para hacerlo. Eso es exclusivo de la unidad de análisis financiero y del Ministerio Público», puntualiza.
Un sistema con roles definidos
Las explicaciones de la ABA y de Juan Ariel Jiménez coinciden en un punto central: el sistema dominicano de prevención del lavado de activos funciona con roles claramente delimitados.
Los bancos detectan y reportan; la UAF analiza y produce inteligencia; el Ministerio Público investiga y acusa. La confidencialidad, lejos de ser opacidad, es una condición necesaria para la efectividad de las pesquisas.
En el caso Senasa, el curso de las investigaciones determinará si los controles funcionaron conforme a la ley y cuál fue la ruta real de los fondos. Mientras tanto, los expertos llaman a evitar conclusiones apresuradas y a entender que, en materia de lavado de activos, la alarma no siempre es pública, pero sí obligatoria.