Santo Domingo.– La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) advirtió que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) se prepara una modificación que podría representar una “estocada mortal” para la salud de pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas.
La entidad manifestó su rechazo a la modificación de la resolución 553-02, que exigiría de forma obligatoria una Carta de No Cobertura para los pacientes como requisito para adquirir medicamentos de alto costo.
SODOM explicó que la medida obligaría a los pacientes a obtener una certificación emitida por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) antes de poder comprar estos fármacos.
Según la organización, este procedimiento añadiría burocracia innecesaria y podría restar tiempo vital a pacientes que requieren tratamientos urgentes.
La sociedad médica también expresó que la Dirección de Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) y la DIDA no cuentan con estructuras legales ni financieras para asumir el control de las ventas de medicamentos de alto costo.
Precisó que ambas entidades no son prestadoras de servicios de salud, por lo que no estarían facultadas para hacerse cargo de la comercialización de estos fármacos.
La organización sostuvo que la resolución que se pretende aprobar en el CNSS carece de regulaciones y plazos que protejan a los pacientes, por lo que la obligatoriedad de la medida podría afectar derechos fundamentales.
Indicó que la regulación debe diseñarse bajo el principio de equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección efectiva de la vida y la salud.
“La regulación debe diseñarse bajo el principio de equilibrio entre sostenibilidad y protección efectiva de la vida y la salud, pero siempre tomando en cuenta que la salud de los pacientes es lo más importante”, expresó la entidad.
SODOM también advirtió que “desmembrar la ley 87-01 y destruir la estructura de aseguramiento actual es algo a pensar mejor antes de establecer medidas excesivas y autoritarias, que van a traer más complejidad al sistema y como consecuencia aumentará los retrasos en los tratamientos y aumento de la mortalidad como resultado final”.
Recordó que la Ley 87-01 establece la separación de funciones entre la rectoría del sistema de seguridad social, el aseguramiento, la prestación de servicios y la administración de programas especiales.
La sociedad médica cuestionó cómo se manejarían los procesos administrativos bajo el nuevo esquema.