El Estado dominicano incumple por partida doble las reglas de los salarios en el país: mientras mantiene congelada la indexación del impuesto sobre la renta (ISR), que afecta a los trabajadores de menor ingreso, también deja sin aplicar plenamente la ley que regula cuánto deben ganar los funcionarios, abriendo espacio a distorsiones al margen de la jerarquía oficial.
Para enmendar uno de los fallos, los legisladores de la oposición, como forma de presionar al oficialismo, depositaron ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa contra el artículo 45 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026, que deja sin efecto la indexación salarial establecida por la Ley 11-92.
De lograr su propósito, y cumplirse la normativa, la retención del ISR aplicará este año a partir de los sueldos de 52,000 pesos, y no desde los 34,685 pesos como ocurre desde el 2017. El Gobierno justifica el incumplimiento al señalar que dejaría de recaudar alrededor de 25,000 millones de pesos al año.
Natimuerta Ley 105-13
A inicios de la década del 2010, diversos sectores presionaban por un marco legal que regulara los salarios públicos. Tras intensos debates, el Congreso aprobó la normativa en el 2012.
Pero, en lo que fue una de sus últimas medidas como jefe de Estado, Leonel Fernández la devolvió el 15 de mayo de ese mismo año, un día antes de entregar el mando a Danilo Medina.
En una carta remitida a Abel Martínez, entonces presidente de la Cámara de Diputados, Fernández le advirtió que la norma chocaba con la Constitución.
Sin embargo, haciendo uso de su facultad legislativa, el Congreso Nacional —dirigido por el danilismo en ese entonces— ignoró las observaciones de Fernández y en el 2013 promulgó el proyecto, convirtiéndolo en la Ley 105-13.
A los seis meses de su promulgación, quedó pendiente la aprobación del reglamento de aplicación, pero casi 13 años después este aún no ha sido aprobado.