El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se declaró incompetente parta conocer la solicitud de si aparta o mantiene a la magistrada Ysis Muñiz Almonte en el proceso de conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
Los jueces enviaron el expediente a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Esta sesión fue presidida por el magistrado Luis Henry Molina Peña e integrado por Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Amaury Arias Arzeno, María Gerinelda de los Reyes Garabito Ramírez, Francisco Antonio Ortega Polanco, Édynson Francisco Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Namphi Andrés Rodríguez y Yorlin Lissett Vásquez Castro.
La jueza, presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, está encargada de dirigir la audiencia de conocimiento de la medida de coerción contra el imputado, que el órgano acusador solicita un año de prisión preventiva.
La solicitud fue depositada por el procurador fiscal Andrés Mena ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte. El documento contiene 50 páginas.
De acuerdo con la investigación, el fiscal exigió a la persona bajo pesquisa una suma inicial de doscientos mil dólares, US$200,000, que luego redujo a ciento cincuenta mil dólares, US$150,000, durante una negociación.
Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito a finales de febrero.