Mientras al plan fiscal del Poder Ejecutivo le bastó menos de una semana para convertirse en ley, la principal pieza para la reforma policial, una de las promesas más reiteradas del Gobierno desde el 2021, enfrenta el riesgo de perimir cuando resta poco más de un mes para que concluya la actual legislatura en el Congreso Nacional.
El proyecto de ley que transformaría la estructura de la Policía Nacional fue depositado en el Senado el 8 de diciembre de 2025 y, siete meses después, todavía no cuenta con un informe favorable de la comisión especial que lo estudia, mientras el equipo acumula nuevas solicitudes de modificaciones y opiniones pendientes.
Trámites
Aunque la comisión se reúne regularmente para avanzar con la pieza, algunos procesos como solicitudes de modificación, revisiones legales, opiniones de los propios senadores y el trámite de las aprobaciones amenazan con provocar que la pieza caduque.
El escenario cobra mayor relevancia porque la legislatura ordinaria concluye el próximo 26 de julio. Si para esa fecha la iniciativa no es aprobada por ambas cámaras, perimiría y tendría que ser estudiada desde cero.
La situación luce cuesta arriba, ya que el proyecto no solo debe superar los últimos trámites en el Senado, sino que posteriormente tendría que ser conocido por la Cámara de Diputados, donde deberá agotar nuevamente el mismo proceso legislativo.
El presidente de la comisión especial que estudia la pieza, el senador Franklin Romero, reconoció este martes que aún faltan pasos antes de presentar el informe al pleno.
Según explicó, la comisión ya concluyó la lectura y análisis de los 345 artículos de la iniciativa y recibió opiniones de diversas instituciones. Sin embargo, el Ministerio de Interior y Policía remitió recientemente observaciones sobre el proyecto y planteó modificaciones relacionadas con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para agosto.
Además, el Departamento de Revisión Legislativa solicitó una prórroga de dos semanas para emitir un informe sobre aspectos legales y constitucionales de la propuesta, un plazo que fue aprobado por la comisión.
Romero también indicó que todavía esperan observaciones de algunos senadores antes de rendir el informe favorable o desfavorable.
«Esperamos tener ya una opinión para presentar al pleno y luego que vaya a la Cámara de Diputados«, expresó.
En ese sentido, aunque la comisión asegura que hay tiempo para rendir el informe antes del 26 de julio, los trámites restantes ponen en duda la aprobación del proyecto en lo que queda de legislatura congresual.
Una reforma anunciada desde hace cuatro años
La lentitud del proceso contrasta con el carácter prioritario que el Gobierno atribuyó a la reforma policial desde el 2021, cuando se puso en marcha el proceso de transformación de la institución tras varios casos de violencia policial y cuestionamientos sobre la capacidad del cuerpo del orden.
Sin embargo, el proyecto de ley no fue depositado hasta diciembre de 2025 y, siete meses después, continúa bajo estudio en una comisión senatorial.
La situación también pone en evidencia que instituciones involucradas en la elaboración de la iniciativa todavía están proponiendo modificaciones cuando el proyecto ya se encuentra en su fase legislativa.
De acuerdo con Romero, Interior y Policía, que elaboró y depositó el proyecto en el Senado, pidió ajustes en varios artículos, incluyendo disposiciones a partir del artículo 246, para armonizar la normativa con las nuevas disposiciones del Código Penal.
La reforma sigue pendiente mientras persisten escándalos
La discusión de la reforma ocurre en medio de nuevos casos que involucran a miembros de la Policía Nacional en actividades ilícitas, incluyendo investigaciones contra generales de la institución vinculados al narcotráfico.
Al ser cuestionado sobre estos casos, Romero defendió que la nueva legislación busca precisamente fortalecer los mecanismos internos de control y sanción.
Explicó que el proyecto contempla estructuras que permitirían a la propia institución conocer procesos disciplinarios contra agentes policiales y reformar los mecanismos de reclutamiento.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre el riesgo de que los policías terminen juzgando a otros policías, respondió que «el objetivo es dotar al sistema de mayor transparencia«.
«Tenemos 30,000 policías actualmente y que salgan algunos cuantos malos… lo importante es los que salen buenos, que son más», expresó.
A poco más de un mes para que concluya la legislatura, la iniciativa que busca sustituir la actual Ley 590-16 sigue sin informe, con modificaciones pendientes y sin fecha para llegar al pleno del Senado.
El Consejo Superior
La propuesta también crea un Consejo Superior Policial como máximo órgano de dirección estratégica, integrado por representantes del Gobierno, el Ministerio Público y de la institución.
Este organismo tendrá facultades para aprobar políticas, supervisar la gestión, conocer los ascensos de alto nivel y evaluar los procesos de modernización y rendición de cuentas. Otro de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.