El Ministerio Público anunció que apelará la decisión judicial que ordena el pago de RD$7.5 millones a un imputado del caso Camaleón por la incautación de un teléfono celular, al considerar que la sentencia está “plagada de vicios procesales graves”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió el fallo a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, pese a que, según el órgano acusador, se encontraba desapoderada del caso desde el 24 de octubre de 2025, cuando el expediente fue remitido al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado adelantaron que el recurso de apelación también cuestionará la interpretación realizada por la magistrada sobre la figura de la astreinte, al considerar que fue desnaturalizada para fijar una suma que califican de desproporcionada.
“Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación”, indicó Pérez.
Cuestionan competencia del tribunal
El representante del Ministerio Público sostuvo que el tribunal que actualmente conoce el proceso por corrupción tampoco tiene competencia para decidir sobre la reclamación del aparato telefónico promovida por Álvarez Carbuccia, debido a que no se trata de un tribunal de naturaleza administrativa.
La decisión ordena el pago de RD$7,560,000 por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con la entrega de bienes que, según la Pepca, ya fueron devueltos al imputado, quien además reclama un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda los RD$3,000.
Acusaciones en el caso Camaleón
Juan Francisco Álvarez Carbuccia figura entre los imputados del caso Camaleón, en el que también están acusados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), junto a otros procesados.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant para favorecer el esquema de corrupción investigado.
El expediente también atribuye a Hugo Beras haber facilitado adjudicaciones irregulares a empresas sin capacidad técnica durante su gestión al frente del Intrant, mientras que a José Ángel Gómez Canaán se le señala como beneficiario de contratos fraudulentos mediante las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ejercer control sobre los sistemas de semáforos, videovigilancia y espionaje tecnológico.
Juicio iniciará en agosto
El Ministerio Público recordó que el proceso fue enviado a juicio el pasado 5 de junio y que la primera audiencia está fijada para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Los imputados enfrentan cargos por lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, sabotaje, robo de identidad, delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violación a la Ley de Armas, entre otras imputaciones.