Detener un vehículo para una fiscalización es una de las facultades más conocidas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), pero también una de las que más dudas genera entre los conductores. ¿Puede un agente detener cualquier vehículo? ¿Está obligado el conductor a mostrar sus documentos? ¿En qué casos pueden imponer una multa o remolcar un vehículo?
La respuesta está en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que define las atribuciones de la DIGESETT, pero también fija límites a la actuación de sus agentes. La norma no solo establece qué pueden hacer durante una fiscalización, sino también cuáles son las garantías que deben respetar para proteger los derechos de los ciudadanos.
Conocer esas reglas ayuda a evitar conflictos en la vía pública y permite identificar cuándo una actuación se ajusta a la ley y cuándo podría exceder las facultades otorgadas por la legislación.
¿Cuándo puede la DIGESETT detener un vehículo?
La Ley 63-17 faculta a los agentes de la DIGESETT a detener o inspeccionar un vehículo cuando consideren que está siendo utilizado en violación de la ley o de sus reglamentos. Esa atribución forma parte de sus funciones de fiscalización y control del tránsito.
En la práctica, esto puede ocurrir cuando un agente observa una posible infracción, como exceder el límite de velocidad, ignorar un semáforo, conducir una motocicleta sin casco, utilizar el teléfono celular mientras se maneja o cualquier otra conducta prohibida por la normativa.
Si el conductor desobedece la orden de detenerse, la ley también autoriza a la DIGESETT a bloquear el paso del vehículo para impedir que continúe la marcha. No obstante, esa actuación debe realizarse respetando las garantías previstas por el Código Procesal Penal.
¿Qué documentos puede solicitar un agente?
Cuando una fiscalización se realiza dentro de las facultades que reconoce la Ley 63-17, el agente puede solicitar la documentación necesaria para comprobar que el conductor y el vehículo cumplen con los requisitos legales para circular.
Entre los documentos que normalmente pueden requerirse se encuentran:
- la licencia de conducir vigente;
- la matrícula o certificado de propiedad del vehículo;
- cualquier otro documento exigido por la normativa, según el tipo de vehículo o el servicio que preste.
Presentar esos documentos permite verificar que el conductor está autorizado para manejar y que el vehículo circula conforme a la legislación.
La ley también impone obligaciones a los agentes
Las facultades de la DIGESETT no son ilimitadas. La propia Ley 63-17 establece que, durante una fiscalización, el agente debe identificarse con su acreditación oficial, explicar el motivo de la detención e informar cuál es la presunta infracción que originó la intervención. Además, todo lo ocurrido debe quedar consignado en el acta correspondiente.
Estas formalidades no son un simple trámite administrativo. Su finalidad es garantizar que el conductor conozca las razones de la actuación y pueda ejercer su derecho de defensa si considera que el procedimiento fue incorrecto.
¿Cuándo puede imponerte una multa?
Entre las infracciones más comunes figuran exceder el límite de velocidad, irrespetar las señales de tránsito, conducir sin licencia o incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en la legislación.
El papel del agente consiste en documentar la presunta infracción mediante un acta, que servirá de base para el procedimiento correspondiente.
¿Puede inspeccionar, inmovilizar o remolcar un vehículo?
La Ley 63-17 permite a los agentes inspeccionar un vehículo cuando consideren que está siendo utilizado en violación de la ley. Sin embargo, esa facultad no autoriza actuaciones arbitrarias. Toda intervención debe realizarse respetando las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico.
En caso de que un conductor ignore la orden de detenerse, la DIGESETT puede bloquear el paso del vehículo para hacer cumplir la disposición legal.
Respecto al remolque, la ley reconoce los servicios de grúa como parte del sistema de transporte terrestre, pero el artículo 22 no establece una facultad general para remolcar cualquier vehículo únicamente por haber cometido una infracción. Esa medida dependerá de los procedimientos previstos en la ley y de las circunstancias específicas de cada caso.
¿Cuándo estaría actuando un agente fuera de la Ley 63-17?
La Ley 63-17 no solo establece las facultades de la DIGESETT, sino también los límites que deben respetar sus agentes durante una fiscalización. Esto significa que una intervención no depende únicamente de la existencia de una presunta infracción, sino también de que el procedimiento se realice conforme a la ley.
Por ejemplo, el agente debe identificarse con su acreditación oficial, informar el motivo de la detención y explicar cuál es la presunta infracción que atribuye al conductor. Además, esos detalles deben quedar consignados en el acta correspondiente.
La propia legislación dispone que, si el procedimiento se realiza sin observar las garantías previstas por el Código Procesal Penal, el acta levantada carecerá de validez. Ese requisito busca garantizar que toda actuación de la autoridad pueda ser revisada y que el ciudadano tenga la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.
¿Puede cambiar el sentido de una calle o dirigir el tránsito?
Sí. La Ley 63-17 autoriza a la DIGESETT a modificar temporalmente la circulación cuando las condiciones del tránsito lo requieran, como ocurre durante accidentes, trabajos en las vías, emergencias o eventos que afecten la movilidad.
En esas circunstancias, un agente puede ordenar desvíos, cerrar una vía o cambiar temporalmente el sentido de circulación. Mientras dure la intervención, los conductores y peatones deben obedecer esas instrucciones, aunque difieran de la señalización habitual.
¿Qué equipos puede utilizar la DIGESETT?
La fiscalización no depende únicamente de la observación de los agentes. La ley también autoriza el uso de equipos aprobados por el Intrant para verificar determinadas infracciones.
Entre ellos se encuentran los dispositivos para medir la velocidad, detectar la presencia de alcohol o drogas en los conductores y comprobar los niveles de contaminación. Estas herramientas buscan aportar elementos objetivos durante las inspecciones.
Cinco situaciones que suelen generar dudas
1. Un agente te detiene en un operativo
Si la fiscalización se realiza dentro de las facultades previstas por la Ley 63-17, el agente puede solicitar la licencia de conducir y la matrícula del vehículo para verificar que ambos cumplen con los requisitos legales.
2. No te explica por qué te detuvo
La ley obliga al agente a identificarse, informar el motivo de la detención y la presunta infracción. Si no lo hace, incumple una de las formalidades previstas para ese procedimiento.
3. Te ordena desviarte de la ruta habitual
Durante una emergencia o un operativo especial, la DIGESETT puede modificar temporalmente la circulación. En esos casos, las instrucciones del agente prevalecen mientras dure la intervención.
4. Intentas continuar la marcha
Si un conductor desobedece la orden de detenerse, la ley permite a la DIGESETT bloquear el paso del vehículo para hacer cumplir la disposición.
5. Consideras que la multa fue injusta
El hecho de recibir una infracción no impide que el conductor cuestione el procedimiento si entiende que no se respetaron las garantías establecidas por la ley.
Lo que todo conductor debería recordar
La Ley 63-17 otorga a la DIGESETT facultades para fiscalizar el tránsito, detener vehículos, solicitar documentos, imponer multas, dirigir la circulación e investigar accidentes. Sin embargo, esas atribuciones no son absolutas. Los agentes también están obligados a cumplir un procedimiento que garantice la transparencia de la actuación y el respeto de los derechos del ciudadano.
En la práctica, conocer estas reglas beneficia tanto a los conductores como a las autoridades. Permite colaborar durante una fiscalización cuando la actuación se realiza conforme a la ley y, al mismo tiempo, identificar cuándo un procedimiento podría apartarse de las garantías que establece la propia normativa.