Dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias presentaron este jueves una querella ante la Audiencia Nacional de España, en la que lo acusan de presuntos delitos relacionados con agresiones sexuales, trata de seres humanos, vulneraciones de los derechos de los trabajadores, lesiones y trato degradante.
Las mujeres, identificadas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura para preservar sus identidades, trabajaron durante 2021 en las residencias que el artista posee en República Dominicana y Bahamas, donde aseguran que ocurrieron los hechos que ahora buscan llevar ante la Justicia española.
La acción judicial fue anunciada por Women’s Link Worldwide, organización que representa a las dos extrabajadoras y que había acompañado la denuncia presentada por ellas a principios de este año ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
De acuerdo con la organización, la querella atribuye a Iglesias presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y los derechos de los trabajadores, además de lesiones y trato degradante.
Según los testimonios de las querellantes, el cantante presuntamente habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las empleadas para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades.
Las mujeres describieron un supuesto ambiente de control e intimidación constante, en el que aseguran que habrían sido sometidas a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas, además de condiciones laborales que calificaron como forzadas y degradantes.com
Denunciantes piden medidas de protección
Además de llevar las acusaciones directamente ante un tribunal, Rebeca y Laura solicitaron acceder a medidas específicas de protección mientras continúa su búsqueda de justicia.
Women’s Link explicó que corresponderá ahora a un tribunal especializado revisar las informaciones y evidencias presentadas para determinar si procede iniciar formalmente una investigación.
Esto convierte la nueva querella en un paso diferente al procedimiento que se produjo a comienzos de 2026, debido a que la denuncia anterior fue conocida por la Fiscalía, pero el caso no llegó entonces ante un juez.
La querella presentada ahora recoge esencialmente el mismo relato de hechos y la calificación jurídica planteada inicialmente ante la Fiscalía, pero incorpora además un presunto delito de trato degradante.
La organización también incluyó jurisprudencia y argumentos jurídicos con los que busca sustentar que los tribunales españoles tienen competencia para investigar las acusaciones, pese a que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España.
Fiscalía había archivado la denuncia en enero
El caso había llegado anteriormente a las autoridades españolas.
En enero de 2026, Rebeca y Laura presentaron una denuncia contra Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que inicialmente abrió diligencias para estudiar las acusaciones.
Sin embargo, diez días después de anunciar la apertura de esas diligencias, el Ministerio Público decidió archivar el procedimiento sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones.
La Fiscalía entendió que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar los hechos debido a que estos presuntamente ocurrieron exclusivamente en el extranjero y, según su interpretación, no se cumplían los vínculos exigidos legalmente para que España pudiera intervenir.
La decisión generó posteriormente un debate jurídico, debido a que varios especialistas defendieron que la nacionalidad española de Julio Iglesias y otras disposiciones legales podían permitir que los hechos fueran investigados en España.
Con la presentación de la querella, será ahora un juez quien deberá pronunciarse sobre la competencia de la Justicia española para conocer el caso.
Abogadas defienden que España puede investigar
Women’s Link sostiene que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción para investigar las acusaciones.
Uno de los argumentos planteados se basa en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española, que contempla determinados supuestos bajo los cuales pueden investigarse delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos con España.
La organización también fundamenta su posición en diferentes tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España relacionados con la lucha contra la trata de personas, la esclavitud, la tortura, la discriminación contra las mujeres y la protección de los derechos fundamentales.
Juristas citados en el material también han defendido que la nacionalidad española del cantante puede resultar relevante para determinar la competencia de los tribunales.
Entre ellos figura la catedrática de Derecho Penal Lucía Martínez Garay, quien sostuvo que podría aplicarse el denominado principio de personalidad activa, que bajo determinados requisitos permite a la Justicia española conocer delitos presuntamente cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles.
La jurista señaló además que las conductas denunciadas también serían punibles en República Dominicana y Bahamas, países donde las mujeres sitúan los hechos, y que Iglesias no ha sido juzgado por estas acusaciones en esos territorios.
Investigación periodística se extendió durante tres años
Las acusaciones contra Julio Iglesias se conocieron públicamente a raíz de una investigación periodística desarrollada durante tres años por elDiario.es y Univision Noticias.
Durante ese proceso, los periodistas contactaron con 15 extrabajadores del cantante, entre personal doméstico y otros profesionales que trabajaron en diferentes períodos, desde finales de los años 90 hasta 2023, en propiedades ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.
Los testimonios recopilados describieron las condiciones laborales existentes en las residencias y señalaron situaciones de aislamiento, conflictos, presunto trato degradante, bajos salarios y un ambiente de tensión.
En al menos dos de las entrevistas surgieron los testimonios que posteriormente dieron lugar a las acusaciones de presunto acoso y agresiones sexuales.
Rebeca y Laura afirmaron que mientras trabajaban en régimen interno en las propiedades del cantante fueron presuntamente sometidas a presiones para mantener encuentros sexuales, además de tocamientos, agresiones físicas, humillaciones y vejaciones verbales.
Según la investigación periodística, los testimonios de las dos mujeres fueron contrastados con diferentes elementos documentales, entre ellos fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados e informes médicos.
Relatan controles médicos a trabajadoras
Otro de los elementos recogidos en la investigación está relacionado con los controles médicos practicados al personal femenino que trabajaba en las propiedades.
De acuerdo con los testimonios de las extrabajadoras, una de las encargadas de gestionar el hogar y contratar al personal también coordinaba la realización de reconocimientos médicos a las empleadas domésticas.
Estos habrían incluido exámenes ginecológicos, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y pruebas de embarazo, según las informaciones recopiladas durante la investigación periodística.
Las dos denunciantes sostienen, además, que los hechos que relatan ocurrieron en las residencias del cantante con conocimiento de mujeres encargadas de la administración de las propiedades y de la contratación del personal.
Denunciantes aseguran que sufrieron vigilancia
El caso también incorporó posteriormente otro elemento.
En febrero, Rebeca denunció ante la Policía del país donde reside que habría estado siendo vigilada por un detective privado español, después de haber presentado la denuncia ante la Fiscalía y de que las acusaciones fueran publicadas por los medios que realizaron la investigación.
La situación ocurrió mientras las representantes legales de las denunciantes reclamaban medidas para proteger sus identidades y evitar posibles actuaciones que pudieran afectarlas durante el proceso.
Julio Iglesias niega las acusaciones
Julio Iglesias ha rechazado públicamente las acusaciones formuladas por sus extrabajadoras.
Durante la investigación periodística, elDiario.es y Univision Noticias señalaron que intentaron contactar en distintas ocasiones con el cantante y con su abogado a través de correos electrónicos, mensajes telefónicos y comunicaciones enviadas a sus residencias.
Posteriormente, tras hacerse públicas las primeras informaciones, Iglesias emitió un comunicado en el que negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a alguna mujer y calificó las acusaciones formuladas en su contra como “absolutamente falsas”.
La presentación de la nueva querella no implica que los hechos denunciados hayan sido probados judicialmente ni que exista una condena contra el artista.
El primer paso será determinar si la Audiencia Nacional española tiene competencia para investigar unos hechos que las querellantes sitúan principalmente en República Dominicana y Bahamas.
Si el tribunal admite la querella y considera que España tiene jurisdicción, podría abrirse una investigación judicial sobre las acusaciones formuladas por las dos extrabajadoras.
