Cassandra Ramírez, una feligresa quien acudió en representación del pastor Ángel Gabriel Capellán, cuestionó la acusación del Ministerio Público y afirmó que el proceso se sustenta únicamente en el testimonio de un menor de 13 años y que no existe un querellante.
“No hay un querellante. Queremos destacar esto, que no hay un querellante. Solamente el testimonio de un niño que todavía está en proceso de madurez, un niño de 13 años”, declaró este jueves en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, donde estaba prevista la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Capellán, conocido como “El Pastor” o “Capellán”.
El religioso es acusado por el Ministerio Público de presunto maltrato físico y psicológico y trabajo o servicio forzado en perjuicio de menores de edad que permanecían en una propiedad vinculada a la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive”, en Bajos de Haina.
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Ramírez calificó el caso como “un show mediático” y cuestionó que el Ministerio Público cuente con elementos suficientes para sustentar una condena contra el pastor.
“Da pena que el Ministerio Público, entendiendo que no tiene los arraigos suficientes para condenar al pastor, todavía quiera sostener una condena”, sostuvo.
También cuestionó las marcas que presentaba el menor, las cuales, según afirmó, eran utilizadas como sustento de la acusación.
“Lo que sustentaba el Ministerio Público eran las marcas que tenía el niño”, afirmó Ramírez, quien aseguró que la madre explicó el origen de cada una y que el menor llegó con ellas al centro.
“La madre dio la explicación de cada una de las marcas que tiene el niño y explicó de dónde provenían. El niño llegó con esas marcas al centro”, señaló.
Asimismo, sostuvo que las declaraciones del menor estuvieron relacionadas con lo expresado por su madre.
“Pudimos todos constatar y grabar esto: que la información que dio el niño fue desarrollada por el testimonio de la madre”, afirmó.
La audiencia fue suspendida y reenviada para el martes 15 debido a una solicitud de incorporación al proceso presentada por uno de los abogados de las madres de los menores. El abogado Luis Karela explicó que el tribunal tomó la decisión para permitir que el representante legal pueda constituirse formalmente conforme al Código Procesal Penal.
En tanto, el abogado Manuel Soto Laura afirmó que los padres de los menores deberán participar en la próxima audiencia y cuestionó la actuación del Ministerio Público.
Sobre el centro, Ramírez explicó que acudió también en representación de fundaciones misioneras y voluntarias que, según dijo, colaboran con la institución mediante la entrega de comida, ropa y medicamentos.
“Son fundaciones misioneras, voluntarias, que han venido a ver el lugar y se han quedado”, indicó.
El caso
La investigación comenzó después de que un menor de 12 años escapara del lugar el 28 de agosto y denunciara ante las autoridades las presuntas condiciones en las que se encontraban los niños.
Tras la denuncia, las autoridades intervinieron el establecimiento y rescataron a 14 menores de edad. Según la solicitud de medida de coerción, los niños habrían sido sometidos a golpes, quemaduras, privación de alimentos y trabajos forzados.
La Fiscalía sostiene además que la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive” no contaba con autorización para operar como hogar de acogida para niños, niñas y adolescentes.
Entre los documentos ocupados figura una comunicación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), fechada el 30 de octubre de 2020, mediante la cual se habría dispuesto la suspensión del funcionamiento de la fundación y prohibido el ingreso de menores.
Sin embargo, padres de los menores han rechazado que sus hijos fueran víctimas de maltrato. Aseguraron que vivían en el lugar junto a ellos, que se encargaban de cuidarlos y que recibían ayuda de la fundación.
El pastor Ezequiel Molina también ha defendido a Capellán y afirmó que, según las informaciones que ha recibido, este se ha dedicado durante años a rescatar y cuidar niños en situación de vulnerabilidad.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez mientras avanza la investigación. La solicitud será conocida el próximo martes 15.
