Un accidente puso al descubierto el uso de una placa asignada a una institución pública en un vehículo que, según los registros consultados por la víctima, no era el correspondiente.
En el atardecer del pasado Domingo de Resurrección, Lucía (nombre ficticio a petición de la denunciante) conducía junto a su hijo por la avenida Leopoldo Navarro que, por el asueto, estaba tranquila y desolada. Mientras esperaba el cambio del semáforo a luz verde en la esquina de la avenida César Nicolás Penson, un Mini Cooper a alta velocidad impactó su vehículo por la parte trasera.
Su sedán se desplazó en línea recta y, “por suerte”, no colisionó con ninguna infraestructura de la zona ni con ningún ciudadano. Tampoco hubo vehículos transitando por esa calle que intercepta la avenida Leopoldo Navarro; de lo contrario, este accidente pudo haber culminado en tragedia.
Al percatarse de que tanto ella como su hijo estaban vivos, Lucía salió a ver qué sucedió con el causante de este siniestro vial: una joven alcoholizada, sin la documentación que exige la ley y con una de las 33,206 placas asignadas a instituciones públicas que registra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Tras consolar y calmar a la chica de 23 años, quien terminó envuelta por la bolsa de aire del Mini Cooper, Lucía procedió a agotar los pasos que se ejecutan tras un caso como este.
Le pidió los documentos, pero no los tenía. Ni siquiera entregó la matrícula a un motorizado de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que acudió a la escena. Este agente observó que la licencia de conducir de la joven estaba vencida, al igual que el seguro.
En su nerviosismo, la joven relató que el carro se lo regalaron a los 18 años. También insistía en que su hermano era militar y rogaba que se hiciera el reporte del accidente al día siguiente, por el seguro caducado.
Un transeúnte que presenció el hecho y se acercó a ayudar mencionó que la chica parecía haber estado conduciendo bajo los efectos del alcohol y, efectivamente, una unidad del 9-1-1 que les prestó auxilio lo confirmó.
Luego llegaron los parientes de Lucía, quienes fueron los que notaron que la placa del vehículo era institucional.
Tras la realización del reporte, Lucía indagó a través de la DGII y encontró que la placa del Mini Cooper pertenece al Ministerio de Salud Pública, pero no a ese vehículo.
Ese ministerio cuenta con 43 vehículos exonerados y 129 en proceso de exoneración, según datos enviados a este medio en respuesta a una solicitud de información.
Entre ellos hay ambulancias, minibuses, autobuses, jeeps y camionetas asignados a directores de departamentos, a varias de sus dependencias, para descargo e inventario, para seguridad y vigilancia, entre otros fines.
De los exonerados predominan las camionetas, en su mayoría del año 2018, pero los años oscilan entre 2005 y 2018. En proceso de exoneración hay vehículos que van desde 1996 hasta 2025, de acuerdo con datos ofrecidos por la División de Transportación de la entidad.
SUPERVISIÓN
Por medio de una solicitud de información, la DGII explicó que luego de asignadas y registradas en el Registro Nacional de Vehículos de Motor, las placas son entregadas a las instituciones del Estado y estas instituciones son las responsables del uso y asignación de estas.
“En cuanto a la fiscalización del uso de las placas le corresponde a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)”, agregó la institución responsable de administrar el sistema tributario dominicano en un comunicado enviado a este medio.
¿QUÉ PASÓ LUEGO CON LA JOVEN?
Pero en este caso, cuenta Lucía, “ellos le pusieron a ella una multa, pero fue por la licencia vencida; ellos no le pusieron ninguna multa por el tema del seguro, ni tampoco pasó nada porque ella anduviera con una placa que no era de ella”. Y al parecer también le retuvieron el vehículo.
Ante esto se pregunta: “¿cómo ocurren tantas ilegalidades en una sola persona poniendo en riesgo la vida de gente que anda en la calle sanamente con su familia?”. Y agrega: “Ese día, mi hijo y yo pudimos ser dos muertos de esa chica, de esa ilegalidad; ese día ella pudo acabar con la vida de una familia”.
LEGISLACIÓN
Bajo el marco de la Ley No. 63-17, conducir un vehículo de motor por las vías públicas cuando el grado de alcoholemia sea superior a 0.5 gramos por litro (gr/1) en la sangre o 0.25 miligramos por litro (mgr/1) en el aire espirado. Asimismo, está prohibido conducir en estado de embriaguez. Y las personas que incurran en la violación a esta disposición serán sancionadas con una multa equivalente de cinco a diez salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado y la reducción de los puntos de la licencia que determine el reglamento, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la suspensión y cancelación de la licencia de conducir.
Entre 2021 y 2025, 1,495 personas fueron multadas por conducir en estado de embriaguez y 21 vehículos fueron retenidos. La Digesett fue consultada por ciudadanos apresados por cometer esta infracción, y no incluyó cifras al respecto.
Conducir con una licencia vencida o sin ella es una violación sancionada con multas de uno a cinco salarios mínimos y la reducción de puntos en el sistema de conducir. Peor aún, transitar sin el seguro obligatorio vigente no solo acarrea multas similares, sino que faculta a los agentes de la Digesett para la retención inmediata del vehículo hasta que se adquiera una póliza válida. Sin seguro, el conductor queda desprotegido ante la responsabilidad civil, siendo solidariamente responsable junto al dueño del vehículo de todos los daños y perjuicios ocasionados al tercero afectado.
En el último quinquenio al menos 854,172 multas se han impuesto por transitar sin licencia o con licencia vencida. Asimismo, 1,204 vehículos han sido retenidos por igual motivo.
La ausencia de la matrícula o certificado de propiedad agrava la situación del vehículo, ya que la ley prohíbe terminantemente circular sin este documento o con placas que no correspondan. Esta falta permite que las autoridades procedan al remolque de la unidad hacia centros de retención. Por ello, al menos 1,892 vehículos han sido retenidos entre 2021 y 2025.
