Una mujer que logró escapar de Corea del Norte presentó este viernes una demanda civil y una denuncia penal ante la justicia surcoreana contra el líder norcoreano Kim Jong-un y seis altos funcionarios del régimen, acusándolos de crímenes de lesa humanidad por torturas y agresiones sexuales sufridas en centros de detención estatales. Se trata de la primera acción legal de este tipo emprendida por una desertora ante un tribunal de Corea del Sur.
La demandante, Choi Min-kyung, de 53 años, reclama una compensación de 50 millones de wones (unos 37.000 dólares estadounidenses) por los abusos cometidos tras su repatriación forzosa desde China en 2008, que la llevó a pasar cinco meses detenida en tres instalaciones diferentes de la provincia de Hamgyong del Norte.
“Han pasado 13 años desde que llegué a Corea del Sur, pero todavía padezco estrés postraumático severo y dependo de medicación. Las cicatrices en mi cuerpo son prueba de la realidad de los derechos humanos en Corea del Norte”, declaró Choi al diario The Guardian.
Crímenes bajo “control efectivo” del régimen
La denuncia, presentada ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl y la fiscalía surcoreana, argumenta que el régimen de Kim Jong-un es responsable bajo el principio de “control efectivo”, al comandar un aparato represivo que ejecuta violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La documentación detalla abusos físicos y psicológicos, como registros corporales forzados sin guantes, golpizas que le causaron daño auditivo permanente, y sesiones de tortura mediante posiciones de estrés prolongado por más de 15 horas diarias. Choi fue capturada en su cuarto intento de huida y repatriada a Corea del Norte, donde fue recluida sin juicio.
Uno de sus abogados es Lee Young-hyun, también desertor norcoreano, quien se convirtió en el primer jurista de origen norcoreano en ejercer en Corea del Sur. El caso cuenta con el respaldo del Database Centre for North Korean Human Rights (NKDB), organización especializada en documentar violaciones del régimen.
“Este caso podría sentar un precedente legal sin precedentes en la jurisprudencia surcoreana sobre crímenes de lesa humanidad”, explicó Seongyeop Lee, analista del NKDB. “Además, abre la puerta a futuras demandas colectivas de otras víctimas”.
Impacto simbólico e internacional
Si bien las autoridades norcoreanas no pueden ser obligadas a responder legalmente en Corea del Sur, los tribunales pueden procesar este tipo de causas, ya que según la Constitución surcoreana, la península sigue siendo un territorio unificado, y Corea del Norte no es reconocida como un Estado soberano separado.
El domicilio oficial de la demanda fue fijado en la misión norcoreana ante la ONU en Nueva York, al no existir canales diplomáticos directos con Pyongyang.
Aunque sentencias anteriores contra Corea del Norte —por trabajos forzados, secuestros o ataques a instalaciones intercoreanas— no han tenido efecto práctico, el equipo legal de Choi espera que su caso siente las bases para presentaciones ante la Corte Penal Internacional y organismos de la ONU.
La denuncia se apoya en el informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Derechos Humanos en Corea del Norte (2014), que documentó sistemáticamente torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual en campos de prisioneros políticos donde se estima que hay entre 80.000 y 120.000 personas detenidas.
“Estos procesos requieren años de preparación y múltiples víctimas para probar patrones sistemáticos”, advirtió Joanna Hosaniak, directora de Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights.
Pese a todo, Choi afirma que su decisión es irrevocable.
“Debemos actuar mientras las víctimas aún estén vivas para dar testimonio. Este paso debe convertirse en un pilar de libertad y derechos humanos, para que ningún otro norcoreano inocente sufra bajo este régimen brutal. Somos testigos vivos”, sentenció.
Infobae