El proceso electoral en Honduras, que concluirá con las elecciones generales del 30 de noviembre, avanza en un ambiente marcado por acusaciones mutuas de fraude entre los candidatos de los tres principales partidos y una creciente desconfianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sectores de la sociedad incluso dudan de que los comicios lleguen a celebrarse, mientras otros temen un escenario de violencia tras los resultados, cualquiera que sea el ganador. La contienda se concentra entre el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), coordinado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la actual mandataria Xiomara Castro, y los opositores Partido Nacional y Partido Liberal.
De acuerdo con algunas encuestas, los aspirantes con mayores opciones son Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Rixi Moncada (Libre), aunque esta última asegura liderar otros sondeos y se declara segura de convertirse en la próxima presidenta.
Calendario y crisis en el CNE
El cronograma electoral sufrió modificaciones tras las elecciones primarias e internas del 9 de marzo, debido a las diferencias entre los tres consejeros del CNE, en especial por el manejo del Sistema de Transmisión Electoral de Resultados Parciales (TREP). El pasado 5 de septiembre, los consejeros alcanzaron un acuerdo que permitió reducir la tensión política que atravesaba el país.
La crisis se agravó en julio, cuando la consejera Ana Paola Hall (Partido Liberal) puso su cargo a disposición del Parlamento —incluso presentó su renuncia— por discrepancias con sus colegas Cossete López (Partido Nacional), actual presidenta del CNE, y Marlon Ochoa (Libre). Hall denunció además amenazas de muerte contra ella y su familia. El Legislativo no tramitó la renuncia al no contar con los 86 votos necesarios, y Hall regresó a sus funciones, luego de semanas de paralización de sesiones por la inasistencia del representante oficialista.
Politización e intervencionismo
Analistas y exfuncionarios advierten que el CNE es un organismo profundamente politizado, donde cada consejero responde a los intereses de su partido y no a los ciudadanos, lo que limita su capacidad para actuar con imparcialidad.
Además, denuncian intervencionismo de otras instituciones del Estado, como el Parlamento, encabezado por Luis Redondo; la Fiscalía, e incluso las Fuerzas Armadas, que por ley deben ser apolíticas y no deliberantes.
La presidenta Xiomara Castro aseguró tras el acuerdo sobre el TREP que se avanza hacia un sistema que “reduce la intervención humana” y garantizó que en noviembre habrá “elecciones libres, democráticas y transparentes”.
Llamados a elecciones pacíficas
Una Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió el 15 de julio que los comicios sean “pacíficos, libres y justos”, mientras que el Instituto Nacional Demócrata (EE. UU.) alertó que la desconfianza y polarización acumuladas desde 2009, sumadas a los problemas administrativos en las internas y la reciente crisis en el CNE, erosionan el diálogo y el entendimiento.
La misión estadounidense insistió en que Honduras merece “elecciones creíbles y participativas” que respeten la voluntad ciudadana.
EFE