La violencia reciente en las favelas de Río de Janeiro muestra que la inseguridad en América Latina trasciende fronteras y supera la capacidad de los Estados. Mientras el crimen organizado actúa sin límites, la región sigue respondiendo con herramientas fragmentadas. Comprender que la seguridad es un problema común y urgente es el primer paso para abordarlo.
Hace pocas semanas, recorrieron el mundo imágenes desgarradoras de la violencia en las favelas de Río de Janeiro, un destino turístico emblemático. Allí conviven la belleza de sus playas con desigualdad social extrema y zonas donde la pobreza y la exclusión generan espacios fuera del control estatal, ocupados por estructuras vinculadas al narcotráfico.
El reciente operativo policial, denominado “Operación Contención”, buscó frenar la expansión criminal en zonas críticas como Complexo da Penha y Complexo do Alemão, donde el control de las calles podría incluso afectar el Aeropuerto Internacional del Galeão. La magnitud del operativo y el número de abatidos hicieron que la noticia tuviera repercusión internacional.
Río de Janeiro cuenta con más de 1.000 favelas y entre 1,5 y 2 millones de habitantes, casi el 20% de la población del estado. La mayoría vive excluida del sistema formal; muchos no son delincuentes, pero dependen de las estructuras de control del crimen organizado para servicios básicos como transporte, agua, gas, salud y seguridad. Organizaciones como Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos controlan el narcotráfico, la prostitución, el sicariato y la trata de personas, además de esta extensa red de servicios informales que condiciona la vida diaria de los residentes.
Desde la Fundación Taeda y la revista DEF se ha analizado la problemática durante más de 20 años, combinando trabajo académico, experiencias en terreno y colaboración con fuerzas de seguridad. América Latina presenta tasas de homicidio de 18 a 20 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media mundial de 5 a 6 por cada 100.000. El crimen organizado y el narcotráfico son los principales responsables de esta tragedia, que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables y se ve potenciada por la demanda internacional de drogas y armas.
El análisis de las favelas de Río evidencia cómo la densidad urbana, la geografía compleja y los accesos limitados hacen casi inexpugnables estas zonas sin ocupación policial o militar permanente. Operaciones del Ejército y del BOPE han mostrado la dificultad de contener la violencia en entornos donde los disparos son habituales y las estructuras de control social están en manos del crimen organizado.
La problemática se extiende a toda América Latina. Desde Centroamérica con las maras, hasta Colombia, México, Bolivia y Perú, los fenómenos de violencia comparten raíces comunes, aunque las respuestas estatales son fragmentadas y adaptadas a cada contexto. Los problemas estructurales incluyen deficientes controles de lavado de dinero, sistemas carcelarios saturados y connivencia política con actores criminales, lo que perpetúa la impunidad y dificulta la construcción de soluciones efectivas.
El narcotráfico opera sin fronteras físicas ni legales, usando tecnología y redes internacionales para expandir su influencia, mientras los Estados continúan limitados por leyes nacionales y geografía política. La seguridad hemisférica requiere un despertar regional que reconozca que la violencia y la criminalidad organizada son desafíos comunes y urgentes.
Comprender esta realidad es el primer paso para diseñar políticas coordinadas, que incluyan prevención social, control efectivo de organizaciones criminales y cooperación internacional, antes de que las fronteras legales sean irrelevantes frente a estructuras delictivas transnacionales.
