Mientras Estados Unidos intensifica su estrategia militar en Medio Oriente y apuesta por la guerra tecnológica, los hijos del presidente Donald Trump ya están posicionados para beneficiarse. Donald Trump Jr. y Eric Trump forman parte de un fondo que ha acumulado participaciones en empresas de drones valoradas en cerca de US$750 millones, en una jugada que coincide directamente con las prioridades del Pentágono y el aumento del gasto en defensa.

Según Bloomberg, varias de las inversiones vinculadas a los Trump no nacieron en el sector militar. Empresas dedicadas a la construcción o incluso al negocio de campos de golf cambiaron repentinamente su enfoque hacia los drones, justo cuando esta tecnología se convertía en pieza clave en conflictos como la guerra con Irán. El resultado: fuertes subidas bursátiles y ganancias aceleradas para los inversionistas, en un mercado impulsado por la urgencia militar.

El fondo American Ventures, asociado a los hijos del presidente, ha respaldado al menos tres compañías que buscan contratos con el gobierno estadounidense. Entre ellas figura Powerus, que planea multiplicar su producción de drones, y Xtend, una empresa con vínculos directos con el Departamento de Defensa. Todo esto ocurre mientras el Pentágono proyecta gastar alrededor de US$1,000 millones en drones en los próximos años.

La coincidencia no ha pasado desapercibida. Analistas advierten que estas inversiones se cruzan peligrosamente con decisiones políticas que emanan de la propia Casa Blanca. Las empresas en las que participan los Trump están alineadas con programas como “Drone Dominance”, la iniciativa del Departamento de Defensa para desplegar cientos de miles de drones en combate. En otras palabras, el negocio privado y la estrategia militar avanzan en paralelo.

Expertos en seguridad nacional señalan que este tipo de vínculos plantea interrogantes serios sobre conflictos de interés. ¿Quién decide qué empresas reciben contratos? ¿Bajo qué criterios? ¿Y qué papel juega la cercanía al poder político en ese proceso? Aunque no hay evidencia de ilegalidad, la falta de separación clara entre inversión privada y política pública vuelve el terreno particularmente delicado.

Más allá de la polémica, el mensaje es claro: la guerra moderna no solo se libra en el campo de batalla, sino también en los mercados. Y mientras los drones redefinen cómo se combate, también están redefiniendo quién gana dinero con los conflictos. En ese nuevo orden, los hijos del presidente no son observadores: son inversionistas activos en la economía de la guerra.

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