SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Profesores rechazó este jueves la anunciada unificación de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), por cual convocó a organizaciones y entidades docentes a un encuentro para analizar en profundidad el tema.
A través de un foro nacional, pautado para el 16 de enero del 2025, la entidad pretende consultar a la ciudadanía, abordar el tema del derecho a la educación y articular respuestas y acciones en la defensa de la educación pública del país.
En el encuentro además, definirán una posición sobre las pretensiones del Gobierno de fusionar ambos ministerios.
Al respecto, el presidente de la ADP Eduardo Hidalgo, expresó su preocupación por el calificado «frenesí privatizador» que coloca el derecho constitucional a la educación pública en desventaja, ante la posibilidad de ser barridos en sus bases materiales y presupuestarias.
«Desde el gobierno dominicano se ha emprendido un proceso de imposición de la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior Ciencia y Tecnología, a marcha forzada, sin la participación de actores clave del proceso educativo nacional, a espaldas de la sociedad dominicana y sin contar con algún análisis de factibilidad institucional, jurídico-legal y constitucional, sin apoyarse en una investigación educativa rigurosa o en evidencias sustentadas que validen conveniencia de la fusión de ambos ministerios, en términos de desarrollo educativo, viabilidad económica y la mejora general de la educación dominicana», explica.
«Alertamos con la mayor preocupación, que el frenesí privatizador coloque el derecho constitucional a la educación y a la educación pública, ante la posibilidad de ser barridos y sus bases materiales y presupuestarias, retorcidas y adulteradas, modificando el 4% del PIB de la educación preuniversitaria y el 5% del presupuesto que debe destinarse a la educación superior pública», dijo Eduardo Hidalgo.
Señaló que la fusión propuesta presenta múltiples implicaciones cuestionables y se constituye en una preocupante amenaza al uso de los fondos destinados a la educación preuniversitaria y a la educación superior, en violación a los principios de la Ley General de Educación, que ha estado vigente, desde el año 1997, la ley 5778 de 1961 y la Ley No. 139-1 de Educación Superior Ciencia y Tecnología.
«En nuestra evaluación previa, hecha al anuncio del proceso de fusión y al Decreto 580-24 del Poder Ejecutivo, que crea una comisión especial para diseñar propuestas y gestionar la transición de ambas entidades, es muy evidente que se procura dar base legal a una contrarreforma del derecho a la educación, que tiene como norte profundizar la privatización de la educación y el asalto de las élites corporativas a los fondos del financiamiento de la educación pública, instituyendo nuevos modelos de financiamiento basadas en alianzas público-privadas, fideicomisos, el financiamiento a la demanda, no la garantía del derecho constitucional a la educación».
En términos generales, consideró el intento de fusionar los Ministerios de Educación y de Educación Superior como una proyección de cambios institucionales que pueden agravar las debilidades de gestión que ya se evidencia en el Ministerio de Educación, al que, además de sus funciones actuales, se le estarían agregando las correspondientes al Sistema de Educación Superior del país.