El Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago aplazó para el próximo 28 de mayo el conocimiento de la solicitud de nuevas medidas de coerción contra varios implicados en la muerte de la menor Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión escolar.
La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada este jueves, luego de que algunos de los señalados no comparecieran al tribunal, ya que se encuentran fuera del país. El tribunal reprogramó la vista con el objetivo de garantizar el derecho de defensa de los implicados, permitiendo que puedan presentarse personalmente junto a sus abogados.
La solicitud de nuevas medidas fue interpuesta por los abogados de la familia de la menor, quien falleció ahogada durante una excursión organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci, en la Hacienda Los Caballos, ubicada en el sector Gurabo, al norte de Santiago.
Entre los implicados en la solicitud figuran Eduardo Rafael Estévez Bretón, señalado como presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci; Fredy Núñez, director académico del centro educativo; así como Julio César Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz, vinculados a la hacienda donde ocurrió el hecho.
Por este caso, otras personas ya han sido procesadas, a quienes se les han impuesto distintas medidas de coerción. En una primera decisión, el tribunal dictó garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, además de presentación periódica e impedimento de salida del país contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Asimismo, otra persona que inicialmente fue presentada como directora del centro educativo no fue sometida a medidas de coerción, luego de que se determinara que no ostentaba esa función ni representaba legalmente a la institución.
El caso ha sido calificado por el Ministerio Público como homicidio involuntario, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades en la muerte de la menor durante la excursión escolar.