Santo Domingo.– En el marco de las investigaciones sobre el registro ilegal de defunciones, que se sigue contra el procesado Máximo Mendoza, fueron arrestadas este viernes cinco mujeres vinculadas al caso, entre ellas cuatro médicas y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.
Las imputadas son Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, todas médicas de profesión, así como Yluminada Altagracia Uceta, alcaldesa pedánea, quienes fueron arrestadas mediante orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde.
Según el Ministerio Público, existen evidencias que las vinculan directamente con los delitos de falsificación de documentos públicos y aporte de datos falsos en el registro irregular de defunciones.
Ministerio Público pedirá declarar caso complejo
Las autoridades informaron que las cinco imputadas serán sometidas a la justicia en las próximas horas, y que solicitarán la declaración de caso complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.
El principal acusado, Máximo Mendoza, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, luego de que el tribunal acogiera las evidencias presentadas por el Ministerio Público. Mendoza habría registrado defunciones falsas ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
El proceso en su contra también fue declarado complejo, debido a la gravedad de los hechos, ocurridos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, los cuales afectaron tanto el sistema de salud como el registro civil del país.
Falsas muertes por deudas y vulnerabilidad económica
De acuerdo con la investigación, Mendoza utilizaba la falsificación de defunciones como método para castigar a personas con deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, de las cuales cinco completaron el proceso en Salud Pública y luego en la JCE, y una sexta fue registrada únicamente en el Ministerio de Salud.
Los registros de defunción falsos eran firmados por médicos pasantes sin exequátur, incluyendo las cuatro mujeres arrestadas. Mendoza solicitaba estos servicios en distintos turnos y Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza, presentándose como primo, tío o esposo de las supuestas víctimas.
Una constante en los casos identificados es que las víctimas eran personas en situación de vulnerabilidad económica, quienes accedían a préstamos personales utilizando como garantía los beneficios sociales que recibían del Estado, por un monto mensual de RD$2,100.
Mendoza les ofrecía préstamos de entre RD$5,000 y RD$15,000, y retenía sus tarjetas de asistencia social como forma de pago. Cuando no podía recuperar el dinero, optaba por fingir la muerte de la persona para bloquear el acceso a los beneficios.
Colaboración institucional y marco legal
El caso es liderado por los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral, y Víctor Manuel Mejía, fiscal titular de Valverde.
El Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la JCE, que han sido claves en la recopilación de pruebas.
Los implicados enfrentan cargos por violar los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.