El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, reiteró este martes su rechazo firme a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) otorgue una nueva prórroga al Congreso Nacional para continuar con la revisión del Código Procesal Penal, especialmente en lo relativo a la Ley 10-15, previamente declarada inconstitucional por el propio tribunal.
Potentini afirmó que una extensión del plazo significaría que el Tribunal Constitucional «volvería sobre sus propios pasos», creando un precedente improcedente y perjudicial para la seguridad jurídica del país.
Recordó que el TC estableció en 2024 que sus decisiones son definitivas e inmutables, por lo que una prórroga equivaldría a permitir, en los hechos, una revisión de sus sentencias, algo prohibido por la Constitución y respaldado por la jurisprudencia vigente. (Sentencia TC 0694/24).
Preocupación por propuestas legislativas recientes
El presidente del CARD señaló que en los debates legislativos más recientes se han planteado modificaciones que constituirían una contrarreforma al Código Procesal Penal. Entre esos cambios, destacó la ampliación de la prisión preventiva y otras medidas restrictivas que, según indicó, atentan contra las garantías procesales y los avances alcanzados mediante la Ley 10-15.
Potentini sostuvo que esas iniciativas no reflejan el espíritu de la decisión del Tribunal Constitucional ni responden a las expectativas de una ciudadanía que demanda normas que respeten los derechos fundamentales y fortalezcan la institucionalidad.
Abogados insisten en ratificar la Ley 10-15 sin alteraciones
En esa línea, el Colegio de Abogados reiteró que el Congreso debe ratificar la Ley 10-15 tal como fue aprobada originalmente, sin cambios y respetando el procedimiento especial requerido para las leyes orgánicas.
Potentini afirmó que solo después de concretarse esa ratificación y garantizar la seguridad jurídica, el Congreso podría abrir nuevas discusiones para evaluar futuras modificaciones, siempre dentro del marco constitucional.
El CARD advirtió que solicitar o conceder una prórroga colocaría al Tribunal Constitucional en un «despropósito», comprometiendo su autoridad interpretativa y generando una situación de inseguridad jurídica.
«Lo que se impone ahora no es buscar una prórroga, sino proteger la institucionalidad, ratificar la Ley 10-15 tal y como estuvo vigente en 2015 y luego abrir otros debates si el Congreso lo considera pertinente», expresó Potentini.
Con esta postura, el Colegio de Abogados hizo un llamado a los poderes públicos a actuar con responsabilidad, apego a la Constitución y coherencia con la doctrina del Tribunal Constitucional, a fin de evitar acciones que puedan afectar la estabilidad del sistema jurídico dominicano.