La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) identificó graves irregularidades administrativas y falta de evidencia documental en el programa conjunto ejecutado entre el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), donde se realizaron desembolsos millonarios sin los informes, pliegos de condiciones ni documentación que demostrara el uso correcto de los fondos públicos.
El informe de auditoría, correspondiente al período 2017–2019, detalla que el SeNaSa efectuó transferencias y pagos por cientos de millones de pesos al PROMESE/CAL para la adquisición de medicamentos, materiales e insumos médicos, sin que existan registros administrativos o técnicos que acrediten la recepción de los productos o el cumplimiento de los objetivos del programa.
De manera textual, la Cámara de Cuentas estableció que “no fueron suministrados los pliegos de condiciones, contratos, ni informes de seguimiento o de liquidación financiera que evidencien la ejecución del programa conjunto SeNaSa–PROMESE/CAL”, señalando además que “los desembolsos realizados carecen de la debida documentación que permita verificar la naturaleza, destino y justificación de los pagos”.
El órgano fiscalizador explicó que, según la información remitida por el SeNaSa, los fondos fueron destinados a un programa de apoyo para la adquisición y distribución de medicamentos a beneficiarios del régimen subsidiado del sistema de salud, pero no se aportaron evidencias que demostraran la entrega ni el control de los insumos. Tampoco se presentó la lista de beneficiarios finales, los informes técnicos ni las actas de recepción correspondientes.
El monto total involucrado en este hallazgo supera los RD$480 millones, según los registros examinados por la Cámara, aunque el informe advierte que la falta de documentación completa impidió confirmar con precisión el total de los recursos utilizados en el programa. La auditoría subraya que “no se encontraron soportes contables que acrediten la aplicación efectiva de los fondos ni los mecanismos de control empleados por SeNaSa para dar seguimiento a las operaciones con PROMESE/CAL”.
La Cámara de Cuentas enfatizó que el SeNaSa, al ser una institución pública autónoma, está obligada a garantizar la transparencia y trazabilidad del gasto, conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 10-04 que rige la propia Cámara. La ausencia de documentación y los pagos sin respaldo violan los principios de eficiencia, legalidad y rendición de cuentas establecidos en el marco normativo del sector público.
En su análisis jurídico, el órgano auditor citó que los funcionarios y servidores públicos que autorizaron o gestionaron estos desembolsos “comprometen su responsabilidad administrativa por acción u omisión”, de acuerdo con los artículos 47 y 54 de la Ley 10-04, debido a que no se cumplieron los requisitos legales para la contratación, ejecución ni liquidación de los fondos entregados.
El informe también señaló que el SeNaSa no presentó convenios formales ni acuerdos específicos que delimitaran las responsabilidades operativas y financieras de cada institución participante en el programa, lo que impidió determinar con claridad quién debía administrar, ejecutar o fiscalizar los recursos transferidos.
Como resultado, la Cámara de Cuentas incluyó este hallazgo entre los puntos críticos de su opinión adversa sobre los estados financieros del SeNaSa, al considerar que las deficiencias detectadas “tienen un efecto material significativo en la veracidad y confiabilidad de los registros contables de la entidad”.
El informe fue emitido el 15 de diciembre de 2021 y forma parte del Plan Anual de Auditorías de la Cámara de Cuentas. En sus conclusiones generales, el organismo recomendó a las autoridades competentes iniciar los procesos administrativos y legales correspondientes para esclarecer el destino de los fondos utilizados en el programa conjunto con el PROMESE/CAL y recuperar los recursos públicos cuyo uso no haya sido debidamente justificado.