El diputado Wandy Batista Tavares, presidente de la comisión especial que estudia el nuevo Código Penal, afirmó este lunes que los trabajos avanzan con responsabilidad y sin sesgos, tomando en cuenta tanto a quienes deberán aplicar el código como a quienes se verán sometidos a su cumplimiento.
“Queremos entregarle al país una pieza legislativa que sirva de mucho y estamos trabajando a conciencia como legisladores. Nos ponemos tanto en los zapatos del Estado que lo aplicará, como del ciudadano al que se le aplicará. Eso exige cuidado y reflexión”, sostuvo el diputado durante un encuentro con la prensa en el Congreso Nacional.
Tavares también se refirió al encuentro sostenido con la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, señalando que estas reuniones han sido interpretadas erróneamente por algunos sectores. En su opinión, el diálogo entre poderes no compromete la independencia institucional, sino que fortalece el trabajo legislativo.
“Nosotros somos poderes del Estado diferentes e independientes, pero no somos antagonistas. El Estado dominicano se compone de sus tres poderes y reunirse no está prohibido, al contrario, escuchar a los demás siempre puede dar buenos resultados”, expresó.
El legislador aclaró que los aportes de la Procuraduría se reciben como observaciones, pero las decisiones finales siguen estando exclusivamente en manos del Congreso, conforme lo establece la Constitución.
Entre los puntos que aún se debaten, Tavares mencionó ajustes en la redacción de algunos artículos y la posible revisión de ciertas penas. También citó el caso de una disposición que otorga a las personas el derecho a grabar su arresto, la cual calificó como “de difícil aplicación”, al considerar que en condiciones reales un detenido no podría hacerlo si está esposado.
“La gente debe entender que esta es una pieza legislativa en proceso. No está lista todavía y por eso pasa por 12 revisiones distintas entre ambas cámaras. Estamos cumpliendo con lo que manda la Constitución”, añadió.
El proyecto, que ya fue aprobado en el Senado, está siendo revisado artículo por artículo por los diputados antes de regresar nuevamente a la cámara alta. Tavares insistió en que no debe generarse ansiedad en la población, ya que el Congreso está comprometido con entregar “lo mejor posible”.
Sobre el tema del feminicidio, el diputado explicó que el nuevo Código Penal establece de forma expresa ese tipo penal con penas altas, y que algunas agravantes están siendo objeto de revisión. Aclaró que si bien la sociedad exige justicia severa tras recientes tragedias, el rol del legislador es actuar con frialdad jurídica y no solo conmovido por la coyuntura.
Por su parte, el diputado Sandro Sánchez, miembro de la Comisión Bicameral, coincidió con Tavares en que el diálogo con la Procuraduría es legítimo y útil, especialmente por el rol que esa institución desempeña en el sistema penal adversarial. Explicó que, aunque en el futuro esa función recaerá parcialmente en el Ministerio de Justicia, en la actualidad es responsabilidad del Ministerio Público diseñar y ejecutar la política pública criminal del Estado.
Sánchez destacó que el nuevo código incorpora importantes innovaciones, como la adecuación de los tipos penales a la teoría del delito y el fortalecimiento del debido proceso. También valoró que se están “positivizando” conductas que hasta ahora no estaban tipificadas, lo que permitirá a los jueces aplicar sanciones con base legal clara.
“El Código responde a la realidad jurídica del siglo XXI. Estamos construyendo un cuerpo normativo moderno, que incluye también medidas de seguimiento socio-judicial y que no solo se enfoca en la pena, sino en la rehabilitación y prevención”, subrayó.
Los diputados expresaron su confianza en que el proyecto será aprobado sin mayores contratiempos, posiblemente durante esta semana, y enfatizaron que el proceso legislativo se está llevando a cabo de manera rigurosa, con apertura al diálogo y centrado en el interés nacional.