La reciente propuesta legislativa que busca trasladar el Distrito Municipal de Bayahíbe desde la provincia La Altagracia a la provincia de La Romana es un error, tanto jurídico como territorial y político. Es una iniciativa carente de sustento técnico, histórico o social, que lejos de aportar soluciones, abre innecesariamente un conflicto entre dos provincias hermanas del Este.
Bayahíbe ha sido, por décadas, parte de La Altagracia. Así lo establece la Ley 109-02 que lo erige como Distrito Municipal del municipio San Rafael del Yuma. Su historia, su administración, su desarrollo turístico, su representación política y su identidad comunitaria están estrechamente ligadas a nuestra provincia. Pretender moverlo de jurisdicción no solo contradice la legalidad vigente, sino que desconoce por completo la realidad socioterritorial que le ha dado sentido a su crecimiento.
En la República Dominicana, los cambios de límites territoriales no se hacen por afinidades personales ni por conveniencia coyuntural. Se hacen –cuando se hacen– con base en razones objetivas, lógicas y de interés colectivo. Reorganizar provincias o municipios solo tiene sentido cuando existe un verdadero beneficio para la población, cuando hay una dificultad administrativa que lo justifique, o cuando las comunidades afectadas lo reclaman abiertamente. En este caso, ninguna de esas condiciones se cumple.
No hay ningún argumento lógico ni técnico que explique por qué Bayahíbe debería ser separado de La Altagracia. No existe mejora alguna que se derive de este proyecto para la comunidad de Bayahíbe ni para la provincia de La Romana. Tampoco hay demanda popular que lo respalde. Ni sus autoridades electas ni sus juntas de vecinos ni sus instituciones locales han pedido ese cambio. La gente de Bayahíbe no quiere ser parte de otra provincia; quiere seguir creciendo en paz, con planificación y con apoyo, como hasta ahora lo ha hecho.
Desde el punto de vista institucional, La Altagracia ha estado presente en cada etapa del desarrollo de Bayahíbe. Ha promovido inversiones, facilitado ordenamiento territorial, impulsado su identidad como destino turístico y atendido sus necesidades locales. El Ministerio de Turismo ha ejecutado obras importantes allí en coordinación con el Ayuntamiento de Yuma y la Junta Municipal. ¿Por qué entonces se quiere transferir este territorio a otra provincia que no ha sido parte de ese proceso?
En lugar de debilitar la estructura actual, lo que necesitamos es reforzarla. Fortalecer el distrito municipal de Bayahíbe, mejorar los servicios públicos, seguir atrayendo inversiones y mantener la cooperación con las provincias vecinas, especialmente La Romana, con la que compartimos dinámicas económicas y turísticas. Pero eso no requiere mover fronteras ni reinventar el mapa.
Cambiar los límites de una provincia es un acto de gran trascendencia. No puede responder a intereses políticos aislados ni a interpretaciones subjetivas del territorio. Mucho menos puede imponerse sin la voz de la comunidad, sin estudios técnicos ni razones claras. Porque lo que está en juego no es solo una línea divisoria, sino la estabilidad, la legalidad y el respeto a nuestras comunidades.
Bayahíbe pertenece a La Altagracia. Así lo dicta la ley, lo confirma la historia y lo siente su gente. Cambiar eso no representa ninguna ventaja para nadie. Por el contrario, significaría un retroceso, una ruptura injustificada y un precedente peligroso para la institucionalidad territorial del país.
No confundamos cercanía con pertenencia. No confundamos intereses con justicia. Y no confundamos el desarrollo con despojo.
Bayahíbe es de La Altagracia. Y así debe seguir.