El empresario Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico en un caso en que su esposa fue condenada a cinco años de prisión, volverá a los tribunales luego de que, a petición del Ministerio Público, los jueces de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega revocaran la decisión que declaró la extinción penal del proceso en su contra.
A través de un comunicado de prensa, la fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
El tribunal acogió el recurso de apelación interpuesto por el órgano persecutor contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de la provincia La Vega, que además de Micky López, favorecía a José Miguel López Pilarte, Ada María Pilarte de Inoa, y Miguel Arturo López Pilarte. También a las empresas Inmobiliarias Gloria Ivette, Servi Crédito Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto y Agropecuaria Gloria Ivette.
Por este caso fue procesada y condenada la esposa de Micky López, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, quien desde el mes de septiembre del 2024 cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en la provincia Santiago.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se dedicaba a traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
Detalles sobre el proceso
El expediente contra el empresario también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
«Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, también, servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales», explicó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
El proceso inició en el año 2020 pero los acusados fueron enviados a juicio en el 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas.
El Ministerio Público detalló que enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.