Un estudio científico sobre riesgo sísmico advierte que el municipio de Santiago de los Caballeros no cuenta con la capacidad de respuesta necesaria para enfrentar un terremoto de gran magnitud, lo que podría provocar miles de muertes, colapsos estructurales y una crisis humanitaria sin precedentes en el país.
La advertencia fue asumida como eje central por la Comisión de Riesgos y Vulnerabilidad del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Regional Norte, con el objetivo de fortalecer la gestión integral del riesgo y promover una cultura de prevención en las comunidades del Cibao y a nivel nacional.
Como primera meta, la comisión priorizó el dimensionamiento de la capacidad de respuesta del municipio de Santiago ante el peor escenario posible, tomando como base un estudio científico de riesgo sísmico financiado por la USAID y la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA), a través del programa Training and Communication for Earthquake Risk Assessment (TREQ).
El estudio simuló la ocurrencia de un terremoto de magnitud 7.5 en el segmento central de la Falla Septentrional, próximo a Santiago. Sus conclusiones proyectan 2,600 fallecidos, 97,200 heridos, 6,200 edificaciones colapsadas y pérdidas económicas estimadas en 10 mil millones de dólares.
Sistema forense colapsado
Uno de los hallazgos más críticos es la insuficiente capacidad forense del país. Ante un escenario de 2,600 fallecidos, la República Dominicana dispone de apenas 65 patólogos forenses, con una capacidad aproximada de 195 autopsias diarias.
Esto generaría un déficit de más de 2,200 cadáveres sin diagnóstico, lo que obligaría a firmar acuerdos de cooperación internacional, especialmente con países como Colombia y México, para suplir el personal especializado necesario.
Cementerios saturados y falta de atención médica
El informe también advierte que los cementerios públicos de Santiago están saturados, sin capacidad para dar sepultura digna a miles de víctimas, por lo que sería necesario planificar fosas comunes como medida de emergencia.
En materia sanitaria, el estudio revela que 97,200 personas resultarían heridas, mientras que los hospitales públicos y privados ya operan con emergencias saturadas y déficit de camas, lo que agravaría la crisis. La comisión propone graduar y capacitar miles de enfermeras y enfermeros comunitarios y habilitar espacios improvisados para primeros auxilios.
Asimismo, se plantea acondicionar el complejo deportivo La Barranquita como centro de internamiento masivo, mientras que el Parque Central de Santiago funcionaría como centro de operaciones del desastre.
Déficit de sangre, rescate y servicios básicos
Otro punto crítico es la falta de reservas de sangre para transfusiones, lo que obligaría a establecer acuerdos previos con instituciones públicas, privadas y el sector empresarial para garantizar donaciones masivas en caso de emergencia.
En cuanto al rescate, miles de personas quedarían atrapadas bajo escombros de 6,200 edificios colapsados, sin que el país cuente actualmente con suficiente personal especializado ni equipos tecnológicos para detección de víctimas.
El estudio también alerta sobre el posible colapso del sistema eléctrico, daños severos en el suministro de agua potable, y la incomunicación vial, incluyendo el colapso de elevados y tramos de la Circunvalación Norte.
Llamado a una política de Estado
La comisión enfatiza la necesidad de que el Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas, los ayuntamientos y los organismos de socorro fortalezcan su rol normativo y operativo, mientras que ONESVIE debe continuar los estudios de vulnerabilidad estructural para reducir el impacto de un eventual desastre.
Actualmente se realiza un levantamiento interinstitucional para determinar los recursos disponibles, personal, equipos, vehículos e infraestructuras, como base para estructurar un plan integral de respuesta.
Finalmente, la Comisión de Riesgos y Vulnerabilidad del CODIA advierte que solo una política de Estado financiada por el Gobierno central, aplicada a nivel nacional, permitirá al país enfrentar con mayor resiliencia las adversidades sísmicas y reducir la magnitud de una tragedia anunciada.