Desde que se dio la capitalización del sector eléctrico, el panorama cambió de forma radical y entraron nuevos actores con la misión de poner orden. Sin embargo, años después, el sector sigue careciendo de dirección estratégica.
Durante décadas, el país careció de un plan energético integral que sirviera de guía para las inversiones. “Aquí hubo en alguna época una falta de planificación histórica. Múltiples empresas, públicas y privadas, cada una tenía su plan; sin embargo, no existía un plan general país en materia energética”, reconoció Edward Veras, director de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Fue justamente esta entidad la que publicó un “Primer Plan Energético Nacional” en el año 2004, cuando ya el mercado eléctrico mayorista estaba en marcha. Sin embargo, aquel esfuerzo no tuvo continuidad: “Luego tuvimos unos 12 o 15 años sin que la CNE emitiera ningún plan energético. Venían algunas empresas y decidían hacer inversiones, pero no había un plan de desarrollo”, añadió Veras, subrayando una aparente improvisación que reinó por más de una década.
La ausencia de planificación estatal firme se tradujo en retrasos en la expansión de la generación. Las nuevas plantas entraban tarde y bajo condiciones subóptimas. José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) criticó que en el país, históricamente, no se realizaron licitaciones transparentes para contratar a futuro la energía necesaria.
Solo en contadas ocasiones se intentaron concursos públicos: “Licitaciones para compra de energía se han hecho pocas. Se hizo una vez, la intención eran como 800 megavatios y apenas se contrataron cerca de 400”, recuerda en alusión a un concurso público.
En general, la práctica fue acordar contratos de corto plazo o proyectos puntuales de emergencia, negociados directamente con los mismos generadores ya existentes. “Tú vas a buscar a los mismos que están (generando) para que te suplan energía el próximo año. Tú peleas el precio y no se puede conseguir mejor oferta porque no tienes de dónde agarrarte”, explica Moreno, describiendo cómo la falta de competencia dejó a la distribuidora estatal negociando en desventaja con un oligopolio de proveedores.
Más reciente, en el año 2020, se convocó un concurso internacional para instalar dos plantas a gas natural en Manzanillo (Montecristi), pero hubo escasa participación y disputas entre inversionistas locales que han retrasado el proyecto. A tal punto que, según Moreno, “a veces hasta se le olvida a uno que realmente se hizo una licitación, porque no parece que se hizo”, refiriéndose al incierto proceso de Manzanillo.
En ese sentido, varios proyectos recientes han llegado mediante vías no competitivas: por ejemplo, contratos de emergencia como las plantas turcas flotantes instaladas en Azua o la reubicación de la planta San Felipe desde Puerto Plata hacia Boca Chica, todos para paliar déficits urgentes. “Todas han sido oportunistas”, sentencia Moreno sobre las adiciones de generación de las últimas décadas.
En muchos casos, admite el especialista, después de conceder un proyecto de forma directa se organiza una licitación “a posteriori” para darle entrada “más o menos legal” a lo que ya estaba decidido. Esto evidencia la falta de una cultura de planificación anticipada.
En un mercado verdaderamente competitivo, “la competencia es la base, sin eso no hay eficiencia”, aseguró Moreno, abogando por subastas anuales de “energía futura” donde se liciten con suficiente tiempo los megavatios que el país va a necesitar en años venideros.
RÉGIMEN DE CONSECUENCIAS
Otro factor crítico ha sido la ausencia de un régimen de consecuencias por incumplimientos. A diferencia de otros países, en República Dominicana no se han reportado, al menos en tiempos recientes, penalizaciones a los generadores privados por retrasos o incumplimientos en sus contratos.
Moreno destaca que en un plan de expansión serio se deben fijar hitos (licitación, cierre financiero, construcción, entrada en operación) con fechas definidas y multas si no se cumplen.
“Si tú no me cumples en el tiempo, tú tienes una penalidad. Pero aquí nunca se ha querido hablar de penalidad para la parte de los generadores”, lamentó el experto. En contraste, señaló, sí se sanciona a las distribuidoras estatales por mal servicio, pero a los inversionistas privados se les ha brindado una “indulgencia” que atenta contra la planificación.
Cabe recordar que en febrero de 2021, tras casi cinco años de negociaciones, se firmó el Pacto Eléctrico Nacional, un gran acuerdo entre el gobierno, empresas y sociedad civil para reformar el sector. Moreno San Juan, quien dice participó en esas discusiones, revela que no suscribió el pacto por considerar que quedaron vacíos importantes.
Uno de los debates fue precisamente sobre el “Plan de Expansión Indicativo” incluido en el pacto. “Nosotros logramos que le quitaran la palabra ‘indicativo’ por una semana y después se la volvieron a poner”, comentó, explicando su preocupación de que un plan “indicativo” significa que no obliga a cumplirlo.
En su criterio, un verdadero plan energético debe ser vinculante: especificar qué plantas se necesitan, dónde, para qué fecha, y garantizar su ejecución. De lo contrario, queda al “vaivén de las voluntades”. “Hablar de renovables sin planificación no es transición energética”, advierte además, subrayando que la incorporación de energías limpias debe venir acompañada de una hoja de ruta clara.