Con el dolor de 47 muertes, familiares de las víctimas de la explosión de San Cristóbal ocurrida en el 2023, respaldados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y la Comisión de la Verdad, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que se reabra y amplíe la investigación del caso.
En un documento depositado en el despacho de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, los familiares de las víctimas y la CNDH-RD cuestionan las actuaciones de las autoridades locales y alegan posibles irregularidades en la gestión de la escena del crimen. Además, desligan a los propietarios de la empresa Vidal Plast de toda responsabilidad por la explosión.
La CNDH-RD y la Comisión de la Verdad dicen que el Ministerio Público, de acuerdo con las normativas, debió haber tenido el dominio de la escena, dirigir las investigaciones, levantar actas, recolectar osamentas y demás elementos que pudieran servir como prueba de lo que realmente ocurrió.
La tragedia, ocurrida en agosto de 2023 y dejó un saldo de 47 personas fallecidas, incluyendo 12 que aún figuran como desaparecidas, motivó a la Comisión a actuar.
En el documento, Manuel María Mercedes, Guillermo Castro, Ángel Veras y Manuel Antonio Nina explican que la solicitud busca que se ahonde la investigación a fin de establecer los verdaderos responsables del hecho, así como las actuaciones posteriores.
El expediente, de 40 páginas, aporta no solo “el informe final del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal”, sino también un contundente análisis crítico de dicho informe.
La Comisión observa con preocupación que, a pesar del tiempo transcurrido, el dolor de los agraviados, las constantes denuncias, protestas y videos, hasta la fecha no existe una respuesta clara ni contundente por parte de las autoridades de San Cristóbal.
Sin embargo, “muy por el contrario, se permitió que el lugar de los hechos fuera destruido y botado como desecho en el vertedero municipal”, vulnerando la dignidad humana de las víctimas.
En este contexto, la Comisión cita el artículo 359 del Código Penal, el cual establece que “quien ocultare o encubriere el cadáver de una persona asesinada o muerta a consecuencias de golpes o heridas, será castigado con prisión correccional de seis meses a dos años y a la vez resultar con multas”.
Finalmente, el documento subraya que más de 40 familiares de las víctimas desligan a la empresa Vidal Plast de cualquier responsabilidad penal, basándose en que las investigaciones realizadas han demostrado que la explosión no se originó en esa empresa.