Tras la difusión de una información que señaló recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para suspender pagos a suplidores involucrados en contratos bajo investigación, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) aclaró que fue esa misma entidad la que solicitó formalmente la intervención de los organismos competentes.
Mediante un comunicado de prensa emitido este martes, el INABIE informó que su Dirección Ejecutiva detectó indicios de posibles irregularidades durante el proceso de licitación para la adquisición de utilería escolar, lo que motivó la petición de investigación tanto a la DGCP como al Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia).
Entre las irregularidades detectadas figuran la presunta falsificación y alteración de documentos por parte de algunas empresas participantes, así como prácticas que podrían estar afectando la libre competencia en el proceso. En ese sentido, la institución explicó que desde febrero remitió un informe a Pro-Competencia solicitando una investigación a nueve empresas, y en paralelo pidió a la DGCP la inhabilitación definitiva de cinco compañías en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Medidas administrativas y colaboración activa
En respuesta a los hallazgos y a la difusión de reportajes de investigación, en abril pasado el INABIE tomó medidas adicionales, incluyendo la suspensión de la firma y certificación de contratos con las empresas señaladas. También ordenó la suspensión de todos los servidores públicos involucrados en la referida licitación, como parte de una política de cero tolerancia ante cualquier indicio de corrupción o violación a la normativa vigente.
La institución reiteró su disposición de colaborar con los órganos competentes en cada etapa del proceso y reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en todos sus procedimientos de contratación.
“La actual gestión del INABIE ha asumido un rol activo en la vigilancia de sus procesos y continuará trabajando para garantizar que cada peso del presupuesto destinado al bienestar estudiantil se administre con responsabilidad y conforme a la ley”, concluye el comunicado.