La Cámara de Cuentas reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó una investigación especial a la Fiscalía del Distrito Nacional, un dato que salió a la luz durante la presentación de los primeros siete meses de gestión del Pleno y que sorprendió a los asistentes al acto, pues hasta ayer no se tenía conocimiento público de dicha solicitud.

De acuerdo con información obtenida por este medio, la pesquisa estaría relacionada con la adquisición de mobiliario e instrumentos de oficina destinados a la habilitación de varias fiscalías hace algunos años.

No se ofrecieron más detalles sobre el alcance, pero la solicitud forma parte del paquete de investigaciones especiales que el Ministerio Público ha pedido a la Cámara de Cuentas en los últimos meses.

La revelación se produjo en un contexto donde el órgano auditor presentó avances en distintos frentes, incluyendo tres auditorías en curso sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Las auditirías

El Pleno explicó que se trata de una auditoría financiera publicada previamente, una segunda auditoría financiera que avanza actualmente y una investigación forense que abarca todas las contrataciones del seguro estatal. Esta última fue solicitada por el Ministerio Público.

Para acelerar ese proceso, la Cámara de Cuentas conformó una comisión especial del Pleno, encabezada por Francisco Tamárez e integrada por Ramón Méndez y Francisco Franco.

El órgano admitió que ha enfrentado dificultades para acceder a documentación clave, pero aseguró que los trabajos avanzan y que los resultados serán publicados en cuanto finalicen todas las etapas del debido proceso.

Durante el acto, los miembros del Pleno reiteraron que no existe favoritismo político en la selección de los procesos. Señalaron que el 85 % de las auditorías incluidas en el plan correspondiente a 2026 abordan gestiones ejecutadas desde 2020 en adelante, es decir, bajo el actual gobierno.

En total, el plan contempla 41 auditorías nuevas, además de siete investigaciones especiales pedidas por el Ministerio Público, entre ellas las realizadas al Inaipi, Industria y Comercio, Hacienda, Senasa y la propia Fiscalía del Distrito Nacional.

La presidenta del Pleno, Emma Polanco Melo, defendió el ritmo de trabajo y subrayó la complejidad técnica que conlleva cada auditoría. Explicó que al asumir la gestión encontraron 249 auditorías pendientes, que están obligados a procesar y publicar según lo establece la Ley 18-24. Para cumplir con esta carga, fue necesario realizar un concurso público mediante el cual se incorporaron 82 nuevos auditores.

El informe institucional presentado ayer detalla que entre abril y noviembre de 2025 la Cámara de Cuentas gestionó 235 auditorías heredadas, de las cuales ya se han publicado 66 informes, con la meta de cerrar el año con 70 publicados.

También iniciaron 41 auditorías nuevas, abrieron una oficina regional en Santiago, digitalizaron procesos internos e incorporaron herramientas como firma electrónica cualificada y códigos QR para notificaciones oficiales.

El Pleno insistió además en que la Cámara continúa siendo el único órgano constitucionalmente facultado para ejercer el control externo del Estado, y recordó que las auditorías de la Contraloría General solo tienen alcance interno y pueden servir como insumo, pero no sustituyen los procesos con valor probatorio que produce la Cámara de Cuentas.

Sobre la investigación ordenada por la Procuraduría a la Fiscalía del Distrito Nacional, el órgano no ofreció plazos ni mayores precisiones. Aun así, afirmó que la pesquisa seguirá el curso previsto en la Ley 18-24 y que los resultados serán publicados, como exige la normativa, una vez concluya cada fase del proceso.

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