República Dominicana ha llegado al punto de registrar, solo en el último año, 379,553 haitianos en situación migratoria irregular, pero sostener acciones de control migratorio como estas ante la mirada internacional ha sido un reto constante para las autoridades.

La isla de Santo Domingo se desarrolló como el espacio de dos repúblicas que crecieron en contextos históricos, políticos y económicos distintos. Sin embargo, una constante sostenida por más de un siglo ha sido el intercambio migratorio entre ambas naciones.

Con el deterioro progresivo de la sociedad haitiana, acentuado por grandes terremotos y por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en poco menos de dos décadas la vida en ese país se transformó en una lucha por la supervivencia, lo que profundizó la migración irregular hacia la parte oriental del territorio.

En distintos momentos, la República Dominicana ha tenido que fijar posturas claras para controlar el impacto de esa migración, decisiones que han generado graves cuestionamientos de la comunidad internacional, que suele justificar sus críticas en los crecientes niveles de vulnerabilidad en Haití.

Deportaciones a inicios de siglo

En 2005, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Agencia para los Refugiados (Acnur), criticó el aumento de las deportaciones en República Dominicana, en un contexto marcado por la inestabilidad tras el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide.

En ese momento, el descontento social por el deterioro económico y la corrupción se intensificaba en Haití, mientras el Estado dominicano endurecía su política migratoria para mitigar el aumento de los flujos migratorios.

En abril de ese año, el asesinato de una mujer y la agresión a su pareja en Montecristi, atribuidos a tres ciudadanos haitianos, motivaron a las autoridades de Migración a iniciar amplios operativos de deportación de trabajadores haitianos.

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República Dominicana ha llegado al punto de registrar, solo en el último año, 379,553 haitianos en situación migratoria irregular, pero sostener acciones de control migratorio como estas ante la mirada internacional ha sido un reto constante para las autoridades.

La isla de Santo Domingo se desarrolló como el espacio de dos repúblicas que crecieron en contextos históricos, políticos y económicos distintos. Sin embargo, una constante sostenida por más de un siglo ha sido el intercambio migratorio entre ambas naciones.

Con el deterioro progresivo de la sociedad haitiana, acentuado por grandes terremotos y por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en poco menos de dos décadas la vida en ese país se transformó en una lucha por la supervivencia, lo que profundizó la migración irregular hacia la parte oriental del territorio.

En distintos momentos, la República Dominicana ha tenido que fijar posturas claras para controlar el impacto de esa migración, decisiones que han generado graves cuestionamientos de la comunidad internacional, que suele justificar sus críticas en los crecientes niveles de vulnerabilidad en Haití.

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En ese momento, el descontento social por el deterioro económico y la corrupción se intensificaba en Haití, mientras el Estado dominicano endurecía su política migratoria para mitigar el aumento de los flujos migratorios.

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