Santo Domingo.– Hace una semana entró en vigencia la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (No. 225-20), una normativa que busca transformar la forma en que la República Dominicana maneja los residuos, con medidas concretas para reducir la contaminación plástica y promover la economía circular.
De acuerdo con el artículo 172 de la nueva ley, los productores de foam, fundas y botellas plásticas deberán incorporarse a un programa de responsabilidad extendida del productor, que los obliga a recuperar, tratar y disponer de manera segura los residuos generados por sus productos.
¿Qué pasa con el foam?
En el caso del foam, la legislación dispone que los fabricantes deberán incluir compuestos que permitan convertir los productos de fabricación local en oxodegradables o biodegradables, disposición que aplica tanto a los artículos producidos en el país como a los importados.
(FUENTE EXTERNA)Fabricación con foam
La ley también establece un plazo de entre 12 y 36 meses para que los establecimientos comerciales reduzcan progresivamente la entrega gratuita y uso de fundas plásticas de un solo uso. Durante este período, los comercios deberán desarrollar campañas de sensibilización para promover el uso de bolsas reusables o reciclables.
A partir de los 60 meses de entrada en vigor de la ley, quedará totalmente prohibida la entrega gratuita de bolsas plásticas de un solo uso en los establecimientos comerciales. Las fundas para transporte de mercancías deberán ser reciclables o ecoeficientes, e incluir mensajes alusivos a la protección ambiental.
Asimismo, en un plazo máximo de 12 meses, los ayuntamientos y juntas de distritos municipales deberán promover la separación en la fuente y la recolección selectiva de residuos, con el fin de implementar de forma progresiva un sistema integral de gestión de desechos en sus jurisdicciones.
La Ley 225-20 representa un paso importante hacia la reducción de la contaminación por plásticos y la modernización del manejo de residuos sólidos en el país, uno de los principales desafíos ambientales de la República Dominicana.