El Ministerio Público (MP) citó a 51 testigos para sustentar el extenso expediente de más de 500 páginas presentado contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y compartes, a quienes acusa de un presunto desfalco de 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La denuncia pública inicial sobre este presunto fraude fue presentada por el programa N Investiga, de Nuria Piera, donde se documentaron contratos irregulares y pagos millonarios a empresas fantasma por supuestos servicios médicos.
El expediente detalla la adulteración de estados financieros de SeNaSa, así como flujos económicos sospechosos que no se correspondían con los ingresos declarados.
Según la investigación, operaba una red de corrupción presuntamente liderada por la familia Hazim, que habría utilizado el prestigio y la estructura de SeNaSa para ejecutar fraudes también en el sector privado.
El MP describe un mecanismo técnico-financiero dirigido desde la Gerencia Financiera de SeNaSa, mediante el cual se manipulaban reportes oficiales para ocultar el déficit real ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
El documento también menciona supuesta duplicidad en la ejecución de servicios, contratos con pagos fijos por amplias poblaciones de afiliados que nunca recibieron los servicios, así como fraudes en la facturación, irregularidades contables y presunto lavado de activos, entre otras acciones ilícitas.
INVOLUCRADOS
Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, encabeza el grupo de imputados que integran, además, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán depositaron el documento de medida de coerción, en el que solicitaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y la declaratoria del caso como de tramitación compleja.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabezan el procurador adjunto Wilson Camacho, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, están a cargo de las investigaciones que siguen en proceso.