El Ministerio Público del Distrito Judicial de Duarte solicitó la imposición de prisión preventiva para el abogado Joel Carlo Román, acusado de encabezar una red dedicada a la estafa inmobiliaria, falsificación de documentos y lavado de activos, utilizando empresas de fachada para despojar a propietarios de sus bienes en distintas provincias del país.
De acuerdo con la instancia presentada por el fiscal Benedicto Reynoso, la estructura criminal dirigida por Román operaba a través de las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A., constituidas con el propósito de ejecutar maniobras fraudulentas contra particulares y empresas en el territorio nacional.
El expediente detalla que Román y sus coimputados —Celine Sara Benaresh, Sarah Esther Rivero Hombla, Bahram Benaresh, Dulce María Caballero Contreras, Fredis Luciano Torres Peralta, Robert Kingsley y Dilenny Carolina Camacho Diplán— simulaban ser compradores legítimos de bienes inmuebles.
Según detalla para ganarse la confianza de las víctimas, ofrecían pagos iniciales mínimos y firmaban contratos de promesa de venta sin intención de cumplir con el compromiso económico. Posteriormente, iniciaban procesos judiciales fraudulentos, utilizando documentos falsificados y suplantando identidades, con el fin de obtener transferencias judiciales de títulos de propiedad sin haber completado el pago.
Estas operaciones les habrían permitido apropiarse de inmuebles de alto valor y blanquear los activos obtenidos ilícitamente mediante las citadas empresas.
Entre las víctimas del esquema se encuentra la empresa SOSCAB 2010, S.R.L., representada por su gerente Concepción Peña Guzmán y su abogado Dr. Félix Humberto Portes Núñez, quienes fueron defraudados en la compraventa de un terreno en Cabarete, Puerto Plata, valorado en US$530,000, de los cuales solo se pagaron US$25,000.
Según la querella presentada en 2024, Román habría replicado el mismo patrón fraudulento contra Juanico Alonzo Alonzo y Lesbia Mercedes Balbuena de Alonzo, confirmando el carácter reiterado y sistemático de las operaciones delictivas.
El Ministerio Público calificó los hechos dentro de los siguientes tipos penales:
- Asociación de malhechores (arts. 265 y 266 del Código Penal).
- Estafa (art. 405 del Código Penal).
- Falsificación y uso de documentos públicos y privados (arts. 147, 148, 150 y 151).
- Suplantación de identidad.
- Lavado de activos y financiamiento del terrorismo (arts. 3 y 4 de la Ley 155-17).
El expediente judicial incluye una amplia base probatoria documental y material, entre las que destacan:
- Contrato de promesa sinalagmática de compraventa de 2011.
- Actas notariales e intimaciones de pago que demuestran el incumplimiento deliberado.
- Poderes y actas de asamblea falsificadas atribuidas a personas ausentes del país al momento de su firma.
- Informes periciales caligráficos que confirman la falsificación de las firmas de Bahram Benaresh.
- Certificados mercantiles alterados de las empresas utilizadas como vehículos de fraude.
- Evidencias incautadas durante el arresto: un BMW X5, una MacBook Pro, teléfonos móviles, relojes de lujo y tarjetas bancarias nacionales e internacionales.
- Orden de arresto No. 601-01-2025-EADM-00195, ejecutada el 28 de octubre de 2025 en la Dirección General de Migración.
El órgano persecutor solicitó al tribunal la imposición de tres meses de prisión preventiva, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, mientras continúan las investigaciones sobre el entramado delictivo que habría operado en las provincias de Santiago, Puerto Plata y Duarte.
El Ministerio Público indicó que el caso representa una de las mayores estafas inmobiliarias detectadas en el norte del país, y que se mantiene la búsqueda de posibles implicados adicionales dentro del esquema de lavado de activos.