Santo Domingo.– La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) inició una investigación formal contra las empresas Agroindustrias Coralis AGROCO, SRL, y Credi Med, SRL, por presuntas prácticas anticompetitivas en tres procesos de licitación pública realizados por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.
Según la resolución que ordena la apertura del expediente, existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas empresas. Entre los elementos que levantaron sospechas se destacan similitudes significativas en las ofertas técnicas y económicas, así como el uso del mismo notario público, a pesar de que las empresas están radicadas en diferentes provincias.
“Estos indicios sugieren que ambas empresas habrían actuado como una unidad de control y dirección, con estrategias comunes orientadas a falsear la libre competencia en detrimento del interés público”, precisa el documento.
DEBIDO PROCESO Y DERECHO A DEFENSA:
Pro-Competencia aclaró que la apertura de la investigación no implica prejuzgamiento ni constituye una presunción de culpabilidad. Esta fase inicial busca esclarecer los hechos y reunir evidencia para confirmar o descartar una infracción.
Ambas compañías ya fueron formalmente notificadas y disponen de un plazo de 20 días hábiles para presentar su defensa, conforme a la legislación vigente. Además, fueron informados el Consejo Directivo de Pro-Competencia, la Dirección General de Contrataciones Públicas y los Comedores Económicos del Estado.
POSIBLE INFRACCIÓN A LA LEY 42-08:
La conducta investigada podría constituir una violación del artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia (No. 42-08), que prohíbe acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia, particularmente en procesos de contratación pública. Entre las prácticas prohibidas se incluyen la fijación concertada de precios o condiciones.
En caso de comprobarse, estas infracciones conllevan sanciones que oscilan entre 30 y 3,000 veces el salario mínimo nacional.
Pro-Competencia enfatizó que estas prácticas, de confirmarse, afectan directamente la eficiencia del gasto público y vulneran los principios de equidad y transparencia que deben regir las compras estatales.
PRÓXIMOS PASOS EN EL PROCESO:
La Dirección Ejecutiva continuará con la recopilación de documentación, el análisis de pruebas y la realización de entrevistas para determinar si existió una conducta anticompetitiva sancionable conforme a la normativa.
Este proceso, subraya el organismo, reafirma su compromiso con la competencia leal y el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.
