Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución que insta a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos tras la «violenta represión de las protestas pacíficas» iniciadas a finales de diciembre.
El texto, aprobado tras una sesión especial convocada por el Consejo para debatir los sucesos de diciembre y enero en Irán, «deplora profundamente» la situación de derechos humanos en el país, donde la represión de las manifestaciones «ha provocado la muerte de miles de personas, entre ellas niños, y un gran número de heridos».
Mandato de investigación y votos en el Consejo
El texto también exhorta a la República Islámica a adoptar medidas para garantizar «que nadie sea condenado a muerte ni ejecutado por delitos que no alcancen el umbral de los más graves», ni por presuntos crímenes cometidos antes de los 18 años de edad. medidas para garantizar.
Irán también debe asegurarse de que «todas las condenas y sentencias penales sean dictadas por tribunales competentes, independientes e imparciales«, destacó el texto aprobado.
La resolución prorroga dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, a la que se solicita una investigación urgente de los abusos cometidos durante las recientes protestas.
El texto fue aprobado con los votos a favor de 25 de los 47 miembros del Consejo, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Italia, Japón, México, Países Bajos, España y Reino Unido.
Siete miembros (Cuba, China, India, Indonesia, Irak, Pakistán y Vietnam) votaron en contra de una resolución adoptada tras tres horas de debate en el Consejo, asamblea de la que Estados Unidos e Israel se retiraron el pasado año.
Las protestas sociales registradas en Irán desde finales de diciembre marcaron un nuevo episodio de tensión entre la población civil y las autoridades, luego de que miles de personas salieran a las calles para manifestarse de forma pacífica.
Estas movilizaciones derivaron en una respuesta represiva del Estado, que fue ampliamente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos.
La actuación de las fuerzas de seguridad durante esas manifestaciones generó una crisis humanitaria y de derechos humanos, caracterizada por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, incluidos niños y adolescentes. Las consecuencias de la represión dejaron miles de personas muertas y un elevado número de heridos.