La creciente utilización de rutas montañosas para el ingreso ilegal de ciudadanos haitianos mantiene en vilo a decenas de comunidades del noroeste de República Dominicana.
Según denuncias de residentes, desde la zona de Guajayajayuco hasta comunidades de las provincias Santiago Rodríguez y Valverde, grupos numerosos de extranjeros son guiados durante la madrugada por individuos conocidos como coyotes o posteas, quienes luego los trasladan en vehículos hacia distintos destinos, ante la ausencia de vigilancia oficial.
La situación ha generado una profunda preocupación entre los moradores de las localidades Río Limpio, Guayajayuco, La Sidra de Tomás, Monción y zonas cercanas hasta San José de las Matas.
En estas comunidades, el temor se ha instalado en la vida cotidiana: las familias evitan salir temprano o de noche, y la sensación de desprotección crece con cada relato de nuevos ingresos irregulares.
Con voz entrecortada, la joven Malilanda Contreras, residente en Guayajayuco, expresó que «le duele el alma» ver cómo la zona alta permanece sin control.
«Le pido al presidente que ordene a los militares cumplir con su deber. Nos sentimos invadidos, y nadie sabe quiénes son los que están entrando: si pandilleros o criminales«, afirmó, reflejando el sentir de muchos vecinos.
De su lado, Luis Reyes, de la comunidad Cruz de Cabrera, aseguró que el miedo ha paralizado a los residentes. «Aquí nadie quiere salir de sus casas. La entrada masiva de haitianos nos tiene con temor constante. Sentimos que estamos solos», lamentó.
Llamado a las autoridades
La preocupación se torna aún más intensa debido a denuncias de que grupos de haitianos mantienen el control de la carretera internacional, la cual cierran y abren a su antojo, limitando el libre tránsito y aumentando la sensación de vulnerabilidad entre los residentes.
Ante esta situación, los moradores de Cruz de Cabrera y Guayajayuco hacen un llamado urgente a las autoridades para la construcción de un puente sobre el río que conecta ambas comunidades, como una medida estratégica que permita garantizar la movilidad segura, recuperar el control territorial y reducir la dependencia de rutas que hoy consideran inseguras y fuera del control del Estado.