El abogado y expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Surun Hernández, denunció que jueces del sistema judicial están siendo presionados para archivar o dilatar los procesos relacionados con el presunto desfalco millonario en el caso SeNaSa, y para favorecer la impunidad de los empresarios implicados.
Hernández aseguró que el objetivo de estas presuntas maniobras es evitar que los imputados revelen los nombres de los verdaderos beneficiarios del entramado de corrupción, que habría desfalcado más de 16 mil millones de pesos al sistema de seguridad social.
Según Hernández, las presiones estarían dirigidas a jueces de cortes que conocen el caso, con el propósito de impedir que se endurezcan las medidas cautelares o que se avance hacia prisión preventiva contra empresarios como Santiago Jacín y Eduardo Riz.
“Se está condicionando la permanencia en sus cargos de magistrados clave del sistema, si no garantizan la impunidad de los implicados en SeNaSa”, afirmó.
Asimismo, indicó que la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y el ministro de la Presidencia, Antoliano Peralta, habrían recibido presiones para archivar el caso, y que su ratificación institucional estaría sujeta al manejo favorable del expediente.
Vinculan aportes de campaña
Los denunciantes también señalaron al empresario Eduardo Gietreya, a quien vinculan como aportante de campaña del presidente Luis Abinader, como uno de los principales beneficiarios del trato privilegiado que se estaría dando desde sectores del poder.
“Si no se llega a acuerdos con los implicados, como ocurrió con Gietreya, quienes deben ratificar no serán confirmados en sus cargos”, dijo Hernández.
La denuncia también incluyó la sanción al juez Sena, quien fue reprendido por referirse al caso como “tétrico e inhumano”. Para Hernández, esta medida fue una advertencia directa a los jueces para que no contravengan las presuntas instrucciones de no judicializar más implicados ni revocar medidas de coerción.
“Es una señal clara de intimidación institucional contra quienes busquen actuar con independencia”, agregó.
Surun Hernández llamó a la sociedad civil a mantenerse alerta ante cualquier intento de enterrar judicialmente el caso, y sostuvo que el sistema judicial se encuentra “secuestrado por intereses políticos que buscan proteger a personas con mayor nivel de responsabilidad en el escándalo”.