La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Francisco de Macorís acogió conocer el fondo de la demanda interpuesta por un abogado contra la disposición del alcalde Alex Díaz, que establece el cobro de mil 500 pesos (RD$1,500) por la colocación de bloqueadores de ruedas a vehículos considerados mal estacionados.
El accionante es el abogado Jer Yan Lantigua, quien también solicitó una medida cautelar para el cese inmediato de las actuaciones del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís relacionadas con la colocación de artefactos inmovilizadores tipo candado a vehículos estacionados en distintos puntos del municipio, así como el cobro de la referida multa.
Lantigua indicó que la solicitud de la medida cautelar podría conocerse en los próximos días y que, una vez exista una decisión del tribunal, procederá a notificar formalmente al alcalde y a las partes correspondientes, conforme a lo ordenado por el tribunal y que se conocerá 20 días después de la notificación.
En su decisión, la Primera Cámara Civil y Comercial dispuso lo siguiente:
“ÚNICO: Ordena al señor Jer Yan Lantigua de la Cruz notificar la instancia de recurso contencioso administrativo municipal, conjuntamente con los documentos que avalen la instancia, al Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, así como al Procurador General Administrativo, para que produzcan su defensa, tanto sobre los aspectos de forma como de fondo, en un plazo de veinte (20) días a partir de la notificación de la misma”.
El fallo responde a un recurso contencioso administrativo presentado ante la Primera Cámara Civil y Comercial de la provincia Duarte, con el objetivo de que la medida municipal sea suspendida por una presunta violación al principio de legalidad.
CONTINÚA APLICACIÓN DE LA MEDIDA MUNICIPAL
Pese a la acción judicial en curso y a las denuncias formuladas en su contra, el alcalde Alex Díaz continúa aplicando la medida de colocar bloqueadores de ruedas y cobrar la multa de RD$1,500 a los conductores.
Asimismo, el edil ha sido advertido por el municipalista Waldys Taveras, quien ha señalado que la disposición podría ser ilegal y que su aplicación podría derivar en responsabilidades administrativas o políticas.