La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, subrayó este jueves que el nuevo Código Penal representa un avance histórico en la lucha contra la corrupción en el país, al tipificarla por primera vez como un delito autónomo.
«Cualquier hecho doloso que afecte al patrimonio público es un acto de corrupción y puede ser sancionado, aunque no esté expresamente descrito en otro tipo penal», explicó Reynoso.
La procuradora arribó a la Dirección General de Aduanas (DGA) donde impartió una conferencia sobre los avances de la nueva normativa en torno a la corrupción administrativa y otros temas relacionados.Esto ocurre luego de que el presidente Luis Abinader, en el más reciente Consejo de Gobierno, instruyera a Reynoso a socializar las nuevas figuras establecidas en el Código Penal tras su promulgación.
Así lo manifestó la procuradora al momento de iniciar la conferencia.
La magistrada valoró la nueva legislación como un «gran código» alineado con convenciones internacionales y con los países más avanzados en la materia.
«Toda norma es mejorable, pero (…) le puedo decir al Congreso y a la sociedad que es un gran código», dijo. «Es un código penal moderno».
«Esto no lo decimos por decirlo, lo decimos porque lo buscamos, lo estudiamos e hicimos la comparación debida», agregó.
Reynoso subrayó que la corrupción no es un simple problema administrativo, sino un fenómeno que afecta directamente en el desarrollo del país.
«Cuando se comete un acto de corrupción, los fondos que deben ir a salud, educación o seguridad no llegan. La víctima de la corrupción es la sociedad entera», señaló.
Para aterrizar su planteamiento, puso como ejemplo el caso de un soborno en una aduana para permitir la entrada de un contenedor con armas de fuego.
«Quizás quien recibió el dinero lo vea solo como un soborno, pero esas armas terminan en manos de la criminalidad, en cadáveres, en muerte. Y las víctimas pueden ser incluso la misma persona que aceptó el soborno, su familia o cualquier ciudadano», advirtió.
El nuevo Código Penal, fue promulgado a principios de agosto por el presidente Luis Abinader.
La norma fue aprobada tras décadas de intentos fallidos y, además de modernizar una norma legal de 141 años, fortalece los mecanismos contra la corrupción administrativa al ampliar los plazos de prescripción, endurecer sanciones e inhabilitar a los condenados para ocupar cargos públicos.
Estas sanciones conllevan penas de hasta 20 años de prisión. Y plazos de prescripción ampliados a 30 años, así como para ciber crimen y el comercio digital, persiguiendo la manipulación de datos electrónicos en operaciones aduaneras.
Otras novedades giran en torno a que, por primera vez, las empresas pueden ser procesadas penalmente por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.