Este martes 20 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá el recurso presentado por Santiago Hazim y otros seis imputados en el caso de la Administradora de Riesgos de Salud SeNaSa, quienes recurrieron la medida de coerción que los mantiene en prisión desde el pasado 14 de diciembre.

La audiencia fue fijada en la sede de esta corte, ubicada en las instalaciones del Tribunal de Tierras, en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y avenida Independencia, en el sector Centro de los Héroes, del Distrito Nacional.

Ante el tribunal comparecerán Santiago Hazim; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma, quienes solicitan la variación de la prisión preventiva por 18 meses que les impuso el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena.

La denuncia fue revelada originalmente en el programa “N Investiga”, Nuria Piera, lo que dio pie a las investigaciones, apresamientos y posteriores procesos judiciales.

Los imputados buscan que la medida sea sustituida por arresto domiciliario, como ocurrió con los también acusados Eduardo Read Estrella, Heidi Pineda y Cinty Acosta Sención, quienes obtuvieron ese beneficio tras colaborar con el Ministerio Público.

El Ministerio Público sostiene que en el caso existe un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud.

El pasado 14 de diciembre, el juez Rigoberto Sena impuso medidas de coerción a los diez arrestados en la denominada “Operación Cobra”, mediante la cual el Ministerio Público acusa a los imputados de presuntos actos de corrupción administrativa que afectaron a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El magistrado impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado como cabecilla del entramado, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

En tanto, para Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el tribunal dispuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.

Inicialmente, los imputados fueron enviados a Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente, pero posteriormente fueron trasladados al centro penitenciario Las Parras.

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, solicitó la variación, alegando que el área de máxima seguridad de Najayo Hombres se encontraba congestionada, por lo que, por razones de espacio, se decidió el traslado.

El Ministerio Público dispone de un plazo de ocho meses para concluir la investigación del caso.

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