Santo Domingo, R.D.- Con el objetivo de orientar a la ciudadanía y precisar los alcances de la reciente Resolución núm. DGCP-DG-02-2026, la Dirección General de Contrataciones Públicas informó este miércoles que ante interpretaciones confusas de algunos medios, el órgano rector precisó que las contrataciones relacionadas con la seguridad nacional requieren controles reforzados debido a la sensibilidad de la información, la criticidad de los bienes involucrados y los riesgos asociados.
La normativa establece lineamientos estrictos de integridad y seguridad de la información en las contrataciones públicas vinculadas a la seguridad nacional, así como el control de riesgos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
La institución explicó que la medida responde a la necesidad de garantizar que la integridad y seguridad de los datos en los procesos de compras públicas aseguren la transparencia, trazabilidad y un control efectivo del gasto.
Ante interpretaciones confusas de algunos medios, el órgano rector precisó que las contrataciones relacionadas con la seguridad nacional requieren controles reforzados debido a la sensibilidad de la información, la criticidad de los bienes involucrados y los riesgos asociados.
La DGCP explicó que esta resolución solo aplica a contrataciones que involucren bienes o servicios destinados a la defensa, inteligencia o seguridad del Estado, así como tecnologías digitales, infraestructuras críticas o sistemas de información estratégicos, que representan un vector de riesgo para la seguridad nacional. De no contar con controles adecuados, podrían introducir vulnerabilidades, dependencias tecnológicas o accesos indebidos que comprometan la soberanía digital del Estado.
Para mitigar estos riesgos, la resolución se fundamenta en la Ley 1-26, del 9 de enero de 2026, la cual establece que la Dirección Nacional de Inteligencia debe contribuir con la seguridad de los sistemas de tecnología de la información de la Administración pública que procesen información electrónica.
Asimismo, la Dirección Nacional de Inteligencia tiene el deber legal de velar por la debida identificación, acceso y salvaguarda de la información y los sistemas estatales considerados de alto interés para la seguridad nacional.
En este esfuerzo coordinado, el Instituto Criptográfico Nacional, creado mediante el Decreto núm. 612-24 como dependencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, asume la responsabilidad de coordinar la acción de los órganos del Estado que utilicen medios o procedimientos de cifrado, garantizar la seguridad de las tecnologías de la información en ese ámbito y fungir como organismo de certificación y acreditación para el acceso a información clasificada.
Para asegurar la robustez del sistema, la Resolución DGCP-DG-02-2026 impone obligaciones transversales a todas las entidades del Estado, las cuales deberán adoptar medidas técnicas y organizativas para la protección, confidencialidad e integridad de la información en los procesos de compras.
Asimismo, deberán garantizar que los datos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas cuenten con mecanismos de cifrado, trazabilidad y auditoría. También tendrán la obligación de reportar incidentes de ciberseguridad al Centro Nacional de Ciberseguridad y al Instituto Criptográfico Nacional, así como implementar mecanismos de monitoreo continuo en coordinación con el Centro Nacional de Ciberseguridad, especialmente en infraestructuras críticas.
Para estos procesos específicos, la normativa exige que las instituciones contratantes cuenten con una certificación técnica previa del Instituto Criptográfico Nacional, sean objeto de monitoreo basado en riesgos mediante mecanismos automatizados definidos por la DGCP y dispongan de un informe de integridad técnico y estratégico previo a la adjudicación.
Finalmente, la DGCP aseguró que esta articulación entre la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Dirección Nacional de Inteligencia y sus dependencias, el Instituto Criptográfico Nacional, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la División de Investigación de Delitos Informáticos, es esencial para fortalecer la seguridad de la información y la integridad de los procesos de contratación pública vinculados a los intereses estratégicos de la nación.