El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, manifestó su respaldo a que los funcionarios públicos comparezcan ante el Congreso Nacional para ofrecer explicaciones sobre situaciones que afectan a la población, entre ellas el incremento de las tarifas eléctricas y las actuaciones de los agentes policiales señaladas como presuntas ejecuciones extrajudiciales.
“Yo entiendo que sí, siempre debe darse la explicación al pueblo dominicano”, expresó De los Santos al referirse a la posibilidad de que los responsables de las instituciones involucradas sean convocados por los legisladores para responder preguntas sobre asuntos de interés nacional.
Durante una entrevista en el programa matutino Matinal, el legislador sostuvo que las invitaciones y las interpelaciones forman parte del ejercicio democrático, al permitir que los funcionarios expliquen sus actuaciones y respondan directamente a los cuestionamientos de los representantes del Congreso.
De los Santos afirmó que, durante la actual gestión legislativa, se ha convocado a numerosos funcionarios y citó, entre otros ejemplos, al canciller de la República y a otros titulares de instituciones públicas. Según explicó, estas comparecencias también ofrecen a los convocados la oportunidad de aclarar situaciones y presentar sus argumentos ante el país.
Alzas en la factura eléctrica
Las declaraciones del presidente del Senado se produjeron en medio de los cuestionamientos por el aumento de las tarifas eléctricas, tema planteado durante la entrevista como una de las principales preocupaciones de los dominicanos. De acuerdo con el último informe trimestral de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), en septiembre se registraron 15,498 reclamos, frente a los 3,613 reportados en abril.
Al abordar la posibilidad de que el sector eléctrico sea convocado al Congreso para explicar el incremento de la facturación, el entrevistador cuestionó si correspondía a los legisladores requerir respuestas ante las denuncias de aumentos de hasta un 300 % en las facturas.
Ante este planteamiento, De los Santos reiteró su posición favorable a que los funcionarios acudan al Poder Legislativo cuando las circunstancias lo ameriten y sostuvo que la población debe mantenerse informada sobre las situaciones que se producen en los distintos sectores.
El senador explicó que, a su juicio, la diferencia entre una invitación y una interpelación no debe desviar la atención del propósito fundamental de estas comparecencias: que los funcionarios respondan las preguntas de los legisladores y expliquen sus actuaciones.
De los Santos se refiere a las actuaciones policiales
Durante la entrevista, el presidente del Senado también fue consultado sobre la posibilidad de llevar ante el Congreso al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que expliquen los denominados intercambios de disparos y las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En respuesta, De los Santos manifestó que respeta el derecho a la vida y señaló que la delincuencia constituye una problemática que debe ser enfrentada. Sin embargo, indicó que las actuaciones policiales deben desarrollarse conforme al debido proceso.
“Respeto el derecho a la vida de aquí para allá”, expresó el legislador, al referirse a su posición sobre el tema. Asimismo, sostuvo que el uso de armas de fuego por parte de los agentes debe ser el último recurso y no la primera opción.
De los Santos consideró que tanto la ministra Faride Raful como el director general de la Policía Nacional deben cumplir con sus responsabilidades, al tiempo que orientan a los agentes policiales sobre los procedimientos que deben seguir durante sus intervenciones.
Sus declaraciones se producen en el contexto del debate sobre la seguridad ciudadana, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y la necesidad de esclarecer las circunstancias en que ocurren los enfrentamientos en los que resultan personas muertas.
El presidente del Senado reiteró, en ese sentido, su respaldo a que los funcionarios ofrezcan explicaciones ante el Congreso cuando existan situaciones que requieran respuestas públicas, al considerar que estas comparecencias contribuyen a mantener informada a la ciudadanía y forman parte del ejercicio democrático.
