La Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), convocó a un paro médico de 24 horas en todo el país para el martes 13 de octubre, en reclamo de respuestas a demandas relacionadas con incentivos, guardias, plazas vacantes, seguridad hospitalaria e infraestructura.

El gremio informó que durante la jornada de protesta se mantendrán los servicios de emergencias y cuidados críticos, entre sus principales reclamos figura el incentivo por antigüedad para los médicos con más de 15 años de servicio, que el CMD considera un derecho acumulado y una prioridad para el sector.

La organización también demandó el pago correspondiente a las guardias presenciales y por distancia para toda la provincia de Samaná y otras demarcaciones donde corresponda, además, pidió la apertura de nuevas plazas vacantes para fortalecer la atención a los pacientes y reclamó el cumplimiento de los acuerdos relacionados con los horarios laborales.

El CMD exigió reforzar la seguridad en los hospitales, al señalar que las condiciones actuales afectan el desenvolvimiento de los servicios en algunos centros de salud.

Sobre las intervenciones en infraestructuras hospitalarias, el gremio cuestionó que algunos trabajos no cuenten con un cronograma específico. Citó el caso del Hospital Salvador B. Gautier, donde, según afirmó, las obras han generado dificultades que afectan la prestación de servicios a la población.

También mencionó el Hospital Padre Billini, cuya intervención, de acuerdo con el CMD, todavía no ha concluido.

En relación con la Ley 74-25, la Junta Directiva Nacional afirmó que durante su gestión logró la modificación de tres de los cinco artículos que, según el gremio, afectaban al sector médico. Indicó que los dos artículos restantes continúan en discusión ante el Tribunal Constitucional.

El CMD también se refirió al denominado caso SeNaSa 2.0 y reclamó respeto a la dignidad de la clase médica, así como que las investigaciones se desarrollen con apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Asimismo, cuestionó lo que calificó como desproporcionalidad en la aplicación de medidas de coerción que implican privación de libertad, al considerar que pueden aplicarse otras medidas menos gravosas que garanticen la tutela judicial efectiva.

El gremio sostuvo que estas acciones pueden generar una percepción de criminalización generalizada del ejercicio médico y afectar la moral de los profesionales de la salud.

La organización reiteró su disposición al diálogo institucional con el Ministerio Público y otros actores para colaborar con la transparencia en el sistema de salud.

También informó que solicitó un encuentro formal con el presidente de la República para abordar las problemáticas del sector y señaló que permanece a la espera de una respuesta.

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