El juez de la Primera Sala del Distrito Nacional, Rafael Báez García, advirtió que el cúmulo de penas contemplado en la reforma del Código Penal no será suficiente para resolver los problemas de criminalidad en República Dominicana y planteó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención del delito.
Báez García, al ser cuestionado por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), consideró acertadas varias de las modificaciones introducidas por la reforma para mejorar el quehacer de los jueces, pero llamó a aplicar las nuevas disposiciones con moderación y teniendo presente la finalidad de la pena.
«El cúmulo de penas no resolverá el problema de la criminalidad», afirmó el magistrado al analizar las implicaciones de las nuevas disposiciones. Como ejemplo, señaló que una condena de 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida ronda los 72 años plantea por sí misma una reflexión sobre el alcance de la sanción.
Explicó que este tipo de medidas responde a la denominada teoría de la incapacitación, desarrollada dentro de la criminología, cuyo propósito es impedir que una persona considerada peligrosa pueda continuar cometiendo delitos mientras permanece privada de libertad.
Sin embargo, Báez García identificó un dilema entre los objetivos del Derecho Penal y la finalidad de la pena privativa de libertad.
Mientras el Derecho Penal procura proteger bienes jurídicos como la vida y la propiedad, explicó, la pena tiene entre sus objetivos la reinserción social de la persona condenada.
«La razón de ser del Derecho Penal y la razón de ser de la pena son irreconciliables», sostuvo el juez, al referirse a la tensión que puede producirse entre la protección de la sociedad y la reinserción de quienes cumplen una condena.
Ante ese escenario, consideró que corresponde a los jueces aplicar las penas con moderación y dentro del marco establecido por la legislación.
No obstante, insistió en que la respuesta al fenómeno de la criminalidad no puede limitarse a sancionar a quienes delinquen.
«No es sancionar a quien delinque, sino evitar que se delinca», afirmó.
Para el magistrado, el Estado debe concentrar esfuerzos en crear las condiciones sociales, económicas e institucionales que contribuyan a prevenir la comisión de delitos.
Su planteamiento coloca la prevención como uno de los principales desafíos frente a la criminalidad y abre el debate sobre si una política penal basada fundamentalmente en el aumento de las condenas puede alcanzar, por sí sola, los resultados esperados en materia de seguridad ciudadana.
