SANTIAGO. – Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha destinada a honrar a las personas que han sido víctimas de este crimen y a generar conciencia sobre sus graves consecuencias para las víctimas, sus familiares y la sociedad.
La efeméride fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010 y comenzó a observarse internacionalmente en 2011, con el propósito de llamar la atención sobre una práctica que constituye una grave violación de los derechos humanos.
La desaparición forzada se produce cuando una persona es detenida, trasladada o privada de su libertad contra su voluntad por agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o consentimiento, y posteriormente las autoridades niegan información sobre su paradero.
Esta práctica deja a las víctimas fuera de la protección de la ley y provoca profundas consecuencias para sus familiares, quienes enfrentan la incertidumbre de desconocer el destino de sus seres queridos.
La conmemoración también reivindica el derecho de las familias a conocer la verdad, obtener información sobre el paradero de las personas desaparecidas y acceder a mecanismos de justicia, reparación y garantías de no repetición.
República Dominicana fortalece mecanismos de búsqueda
Ante la necesidad de mejorar la respuesta frente a los casos de personas desaparecidas, las autoridades dominicanas han impulsado mecanismos orientados a fortalecer la búsqueda, localización y registro de afectados.
En junio de 2026 fue promulgada la Ley 25-26, mediante la cual se creó el sistema nacional Alertas RD para la búsqueda de personas desaparecidas y se estableció un Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Estas herramientas buscan fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables y agilizar la respuesta ante las denuncias de desaparición, facilitando la recopilación y organización de información que pueda contribuir a la localización de las personas.
En el marco de esta fecha internacional, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales reiteran la importancia de que los Estados adopten medidas eficaces para prevenir las desapariciones forzadas, investigar los casos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
La jornada constituye, además, un llamado a mantener la búsqueda de las personas cuyo paradero continúa sin esclarecerse y a garantizar que sus familiares tengan acceso a información, acompañamiento institucional y mecanismos efectivos de reparación.
