Santo Domingo.– Los juristas Julio Cury y Fausto Jáquez advirtieron que la aprobación por la vía de urgencia de las modificaciones a la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) genera inseguridad jurídica y debilita la calidad de las políticas públicas al prescindir de un proceso amplio de análisis y consulta.
En un comunicado, ambos sostuvieron que el uso recurrente de este mecanismo legislativo excepcional afecta la confianza en las instituciones y el Estado de derecho. Recordaron que el proyecto fue introducido y aprobado en dos lecturas consecutivas en el Senado el mismo día, un procedimiento que, a su juicio, «despierta sospechas de largo alcance».
Críticas al trámite de urgencia
Cury y Jáquez también señalaron que esta es la segunda ocasión, en menos de dos años, en que la Ley 225-20 es modificada mediante un trámite de urgencia.
Indicaron que la nueva propuesta crea una contribución especial obligatoria, calculada sobre los ingresos brutos de personas jurídicas, entidades gubernamentales y patrimonios autónomos, sin que, según afirmaron, se haya realizado un análisis de impacto económico ni un proceso de consulta con los sectores involucrados.
Afirmaron que imponer una contribución basada en los ingresos brutos, en lugar de las utilidades, puede resultar confiscatorio para las empresas con bajos márgenes de ganancia y afectar de manera desproporcionada a los sectores formales que ya cumplen con sus obligaciones tributarias.
«Sin un proceso de consulta amplio y un análisis de impacto económico, las nuevas cargas que impone este proyecto resultan arbitrarias», expresaron.
Impacto económico de la contribución
Asimismo, manifestaron que respaldan el objetivo de reducir el impacto ambiental del foam y de los plásticos de un solo uso, pero consideraron que el plazo de seis meses establecido para sustituir estos productos no responde a la realidad logística y comercial de los sectores de alimentos, distribución y servicios.
Plazo de seis meses en debate
En ese sentido, exhortaron a la Cámara de Diputados a no replicar el trámite acelerado aplicado en el Senado y a someter el proyecto a un proceso de revisión que incluya un análisis económico independiente sobre la contribución propuesta, consultas con los sectores productivos, gremios empresariales y especialistas en gestión ambiental.
Cury y Jáquez advirtieron que legislar de forma «infundada, unilateral e incoherente» debilita la seguridad jurídica y genera incertidumbre para los actores económicos. «Esta prisa legislativa no hace más que introducir incertidumbres que debilitan la confianza en las instituciones», concluyeron.