El 15 de agosto de 2018, el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó a Eco Petróleo Dominicana, S.A. la compra de tickets de combustible por RD$2,207,000. El proceso figura en el portal de Contrataciones Públicas con el código MIMARENA-CCC-PE15-2018-0184 y es el único rastro de la empresa como proveedora del Estado antes del 16 de agosto de 2020.
Precisamente el 16 de agosto de 2020, Moisés Ayala Pérez se convirtió en el diputado más votado de su provincia en las elecciones de ese año, jurando como legislador de Barahona por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Cinco meses más tarde, el 28 de enero de 2021, el Ejército de la República Dominicana le adjudicó a Eco Petróleo un contrato de combustible a granel y tickets por RD$17,570,647. A partir de entonces, la empresa de la cual el hoy senador es accionista incrementó notoriamente su participación dentro de los procesos de compras del Estado.
Moisés Ayala actualmente es senador luego de haber “ascendido” desde la Cámara de Diputados en las últimas elecciones. Al asumir su nuevo cargo, en su segunda declaración jurada repitió un detalle sobre sus inversiones: consigna 65,000 acciones de la empresa Eco Petróleo Dominicana, adquiridas en 2010 y 2013 por un valor cercano a los RD$6.5 millones, monto que, aparentemente, corresponde a menos del 10% del capital social de la empresa, ya que obtuvo contratos sin ser suspendida hasta la implementación de la nueva legislación de contrataciones públicas.
Una revisión del expediente completo del proveedor RPE 60473 en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (Dgcp) muestra al menos 386 contratos por un monto aproximado de RD$1,902,641,132, adjudicados por distintas instituciones públicas. Todos posteriores a enero de 2021.
Aunque el senador de Barahona es quien más se ha beneficiado por sus inversiones, no es el único que jugó con la ventana que ofrecía la antigua Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
La declaración jurada de patrimonio que Ginette Bournigal depositó al ratificarse como senadora de Puerto Plata el pasado 16 de agosto de 2024 tiene varios renglones en su sección de participación societaria, apareciendo en los dos últimos el nombre de “Turinotv, SRL”.
Allí se ve que la senadora tiene 94 acciones o cuotas y su esposo 900; ambas inversiones hechas en fecha 20 de marzo de 1990. Sin embargo, en sus dos declaraciones juradas previas (2016 y 2020), la empresa Turinortv no aparece registrada.
La empresa de la cual es accionista la senadora fue una de las suspendidas por la Dgcp recientemente ante la promulgación de la nueva Ley 47-25. A pesar de este cambio, pudo beneficiarse de al menos tres procesos de compra.
Entre los años 2024 y 2025, a Turinortv se le adjudicaron contratos para la colocación de publicidad estatal por parte del Ministerio de Turismo, en dos ocasiones, y de la Dirección de Prensa del Presidente, todo por un monto total de RD$535 mil.
En la lista de legisladores también aparece Antonio Marte, representante de Santiago Rodríguez en la Cámara Alta, quien es accionista de la empresa “Asetran, SRL”, la cual obtuvo varios contratos con distintas instituciones públicas.
Durante su primer período como senador (2020-2024) a la empresa le fueron adjudicados al menos ocho contratos por un monto total de RD$793,099, en procesos realizados por la Dirección General de Pasaportes; el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados; Programa Supérate; Servicio Geológico Nacional y los Institutos del Café y de Administración Pública.
Dentro de las empresas a las cuales les fue suspendido el registro, también aparece “Comercial La Sidra, SRL” de la cual Antonio Marte también es accionista. Sin embargo, a diferencia de la otra, a esta solo se le adjudicaron dos contratos cuando el hoy legislador aún se encontraba fuera del Congreso.
El caso de Alexis Victoria
En noviembre de 2021, la Dgcp informó que las empresas Dronena, S.A. y Victoria Yeb, S.A., vinculadas al senador de María Trinidad Sánchez Alexis Victoria Yeb, resultaron beneficiadas con catorce contratos por RD$1,720,375.08 después de su toma de posesión, el 16 de agosto de 2020, en violación de la entonces vigente Ley 340-06.
La institución decidió suspender esos registros y anunció que profundizaría en las adjudicaciones a Cristalia Dominicana, SRL, con 118 procesos por más de RD$472 millones, compañía de la que el senador fue accionista y representante hasta mayo de 2020.
Días antes, el 2 de noviembre, Victoria Yeb había puesto su cargo sobre la mesa en el hemiciclo. «Si alguna de mis empresas han sido adjudicadas luego de ser senador, mañana pongo mi renuncia al honorable Senado de la República», dijo.
Cuando el informe se hizo público, faltó a la sesión del Senado. También, al destaparse estas verdades, entidades como La Alianza Dominicana Contra la Corrupción exigieron un juicio político, el cual no hubo y tampoco renunció, incumpliendo con su palabra.
En mayo de 2024 fue reelegido con el 76 por ciento de los votos de su provincia, manteniéndose en el cargo. Un dato adicional es que en los actos administrativos de este año vuelve a aparecer: la Constructora 059041, SRL, cuyo registro fue suspendido, tiene el vínculo con Alexis Victoria Yeb, pero esta vez no como “accionista” sino como gerente.
La ventana del 10%
A pesar de haber conseguido contratos significativos, nada de esto era ilegal mientras estuvo vigente la Ley 340-06, a menos que, de alguna forma, se haya comprobado que los inversionistas superaban el tope accionario permitido.
El numeral 6 de su artículo 14 excluía de contratar con el Estado a las personas jurídicas en las que el Presidente, los ministros y viceministros, los senadores y diputados, los magistrados, los síndicos y regidores tuvieran una participación superior al diez por ciento del capital social. Es decir, por debajo de ese techo, la puerta quedaba abierta.
Esta posibilidad estuvo vigente por casi 19 años con la Ley 340-06 que se promulgó el 18 de agosto de 2006 y solo fue modificada una vez, cuatro meses después, por la Ley 449-06. Con el paso del tiempo se aprobaron tres reglamentos distintos, en 2007, en 2012 y en 2023, pero pasaron por encima del artículo 14 sin tocarlo.
Eso cambió en enero de este año. La Ley 47-25, promulgada el 28 de julio de 2025 y vigente a los 180 días, eliminó el umbral. Su artículo 38 prohíbe cualquier participación societaria de un funcionario electo o designado en una empresa proveedora del Estado, sin importar el porcentaje, y le impide además ocupar cargos de dirección o gerencia o integrar consejos de administración.
El 13 de febrero de 2026, mediante la circular DGCP44-PNP-0001-2026, la DGCP dio a los funcionarios comprendidos en esas causales quince días hábiles para pedir ellos mismos la suspensión de su registro. Vencido el plazo, procedería de oficio.
Los contratos después de la ley
La DGCP dispuso, por la Resolución PNP-01-2026, que los procedimientos iniciados antes del 29 de enero de 2026 se seguirían rigiendo por la vieja 340-06. Pero advirtió en el mismo acto que el régimen de sanciones e inhabilidades ya era aplicable y que la implementación progresiva del resto de la ley no podía invocarse para inaplicarlo.
Doce contratos de Eco Petróleo se adjudicaron después de esa fecha, por RD$25,806,100. Todos corresponden a procesos abiertos en 2026, de modo que ninguno queda cubierto por el régimen transitorio.
El pasado 5 de agosto, en una nota de prensa, la Dgcp explicó que la suspensión de los registros de proveedor de once senadores respondía a la implementación del nuevo régimen y aclaró que la medida no era un castigo: «estas disposiciones no revisten un carácter sancionador ni constituyen una medida punitiva contra los titulares del Registro de Proveedores del Estado (RPE), sino que responden a una medida de naturaleza preventiva y administrativa».
El registro de Eco Petróleo no figura entre los once que la institución mencionó ese día. Fue suspendido en un acto administrativo distinto, junto a otras empresas vinculadas a funcionarios de distintas categorías.
